A las 12:45 del lunes 27 de abril se dio inicio a la segunda reunión multisectorial organizada desde la Intendencia Metropolitana, e impulsada por el CORE Freddy Campusano, acerca de la situación de la Quebrada de La Plata, en Maipú.
Reunión que se extendió por poco más de una hora y en la que diversas instancias hicieron un recuento de lo hecho desde la primera reunión (ver nota de La Batalla).
La Superintendencia de Medio Ambiente comunicó por medio de su representante la quinta renovación de la medida provisional de clausura temporal total de las obras que se ejecutan en la “Mina Panales 1/54”, por parte de la empresa “Esparta”, ex “Minera Española Chile Ltda”.
Con la particularidad, se indicó, de que esta fue la primera vez en que, al ir a notificar, no se encontró a nadie en el lugar.
Sergio Zúñiga, abogado de la municipalidad de Maipú, por su parte, se refirió a solicitud de una medida prejudicial precautoria innovativa, presentada ante el Tribunal Ambiental, tendente al retiro de la maquinaria y el desalojo del personal que se encontrara en el lugar.
Medida que finalmente se llevó a efecto (ver nota de La Batalla).
El abogado aclaró que dicha medida es transitoria, y podría quedar sin efecto.
Asimismo, recordó que desde el municipio se presentó una demanda por daño ambiental, ante el tribunal ambiental de Santiago, medida que está en etapa de admisibilidad:
“(…) nosotros como municipalidad –advirtió- ya oficiamos a la Universidad de Chile, y al Consejo de Defensa del Estado, para que se hicieran parte en este proceso judicial”.
El abogado de la municipalidad propinó «un tironcito de mecha» -en su expresión- a la superintendencia, leyéndole una cita del mismo Tribunal Ambiental:
“(…) que, por último, llama la atención al tribunal, que el proceso administrativo y sancionatorio, incoado por la Superintendencia en contra de Minera Española Chile Limitada, no ha registrado avance significativo en el último tiempo, lo que podría estimarse constitutivo de una vulneración al principio de celeridad, que debe informar la actuación de los órganos del Estado”.
“Hago un llamado a la Superintendencia del Medio Ambiente, a que falle luego esta causa”, dijo Zúñiga, con relación al proceso sancionatorio que lleva adelante la entidad contra la minera, por “ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella”.
La cuota de incertidumbre vino de parte del vicedecano de la facultad de agronomía de la Universidad de Chile, quien indicó que el paso hacia la quebrada será regulado.
Las y los miembros de la comunidad invitados a la reunión, le representaron inmediatamente su inquietud, en la consideración de que la defensa del lugar ha sido propiciada en medida considerable desde la propia comunidad.
Finalmente, se acordó una reunión sobre el particular, en la que estará presente la nueva administradora del fundo.
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