Este mes, los apoderados del Colegio Particular Subvencionado Camilo Henríquez de la comuna de Maipú recibieron una circular en la que se les informaba que el establecimiento pasaría a ser particular pagado y que las mensualidades se elevarían considerablemente para el próximo año.
Preocupados por el destino de sus hijos, comenzaron a buscar explicaciones y alternativas. Un correo remitido a La Batalla expresaba que:
«(…) la mayoría tendrá que irse a otros colegios, pero muchos padres han ido en busca de matrículas y ya casi no hay vacantes para todos los alumnos que se tendrán que ir». Asimismo, pintaba una realidad no muy halagüeña del establecimiento («los niños que tienen jornada completa a contar de séptimo no tienen siquiera casino»). Los alumnos, decía, «andan muy tristes y preocupados y el ambiente está muy tirante en el colegio».
Mientras que, en otra comunicación, un apoderado clamaba:
«(…) no se pueden terminar los colegios subvencionados, el Estado tiene la obligación de otorgar a nuestros hijos el dinero para su educación, dinero que no es de ellos, es de todos los chilenos pero ellos parecieran creer que son los dueños y olvidan que solo son los administradores».
De acuerdo con la circular, el colegio «renuncia de manera forzada, involuntaria (imposición), por causas ilegítimas y arbitrariedades ideológicas, a la subvención fiscal a contar del año 2018», aduciendo que el convertirse en colegio particular «es la única vía que nos permite mantener la identidad, calidad y trayectoria que ha caracterizado al colegio».
El día de ayer, viernes 26 de mayo, la presidenta del Partido Regionalista Independiente, PRI, y candidata a diputada por el distrito 8, Alejandra Bravo, y un grupo de apoderadas del establecimiento interpusieron un Recurso de Protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
«Todos los apoderados del colegio antes mencionado —se lee en la presentación—, han sido violentados en nuestros derechos de igualdad ante la ley, educación, libertad de enseñanza y propiedad por parte del Estado de Chile y en especial por el Ministerio de Educación, que mediante este proceso de reforma a la educación, obligó al colegio a tomar tales medidas«.
Alegan que los apoderados no tendrían problema en matricular a sus hijos en colegios municipales, pero que estiman que no tienen los estándares que les ofrece el actual y que, por otro lado, no están en condiciones de pagar uno particular pagado.
Al interior del Palacio de Tribunales, la vocera de las apoderadas, Karen Farías, declaró a la prensa que:
«Nosotros, además de formar una mesa de diálogo con el sostenedor, quien se ve forzado a tomar esta decisión, a raíz de la nueva norma, hemos golpeado bastantes puertas como padres hasta que llegamos a Alejandra, y nos dio el apoyo para llegar hasta acá, y exigir que se nos mantenga la libertad de elegir dónde educar a nuestros hijos«.
Para la precandidata de Chile Vamos, Alejandra Bravo, el problema es que «los apoderados no encuentran matrículas para que sus hijos sigan educándose en las mismas condiciones que ellos aspiran. Entonces, lo que vemos con la aplicación de esta norma, es que el Gobierno, la izquierda de este país, está logrando el objetivo de quitarles los niños a sus padres, y hacer que el Estado vea dónde es que se van a educar».
Finalmente, el abogado patrocinante expuso que:
«El derecho que se viola con mayor claridad es el derecho a [la propiedad sobre] la subvención«.
En definitiva, pidieron que la normativa no se aplique en el caso de este colegio.
La Reforma Educacional es la respuesta del gobierno a las demandas estudiantiles que han exigido que la educación sea un derecho social y no un bien de mercado.
La ley de Inclusión es parte de la Reforma. En la práctica, establece que los colegios que reciben aportes del Estado (municipales y particulares subvencionados) sean gratuitos, sin fines de lucro, y que no puedan seleccionar (excepción hecha de los etiquetados como «de excelencia», que podrán seguir seleccionando).
Es decir, no termina con los colegios particulares subvencionados, antes bien mantiene las tres modalidades existentes hoy en día: particulares pagados, particulares subvencionados y municipales.
Tampoco obliga al sostenedor a convertirse en particular pagado, pero sí a decidir si continuará siendo particular subvencionado o pasará a ser particular pagado.
¿Qué diferencia hay entre un colegio subvencionado bajo el antiguo y el nuevo modelo?
Que los sostenedores ya no podrán retirar utilidades, sino que deberán destinar todos los recursos a fines educativos (con lo que se busca mejorar la calidad de la educación).
En consecuencia, deben organizarse como entidades sin fines de lucro.
Los fines educativos reconocen el derecho del gestor a recibir una remuneración.
Si un colegio decide seguir siendo particular subvencionado, ¿recibirá menos dinero que antes?
Según el MINEDUC, los colegios particulares subvencionados no solo no recibirán menos recursos, sino incluso más.
Lo que hasta ahora reciben por concepto de mensualidades de los apoderados lo recibirían gradualmente como aportes del Estado (pasando a ser gratuitos).
Con esta reforma, ¿los padres pierden la libertad de decidir dónde estudiarán sus hijos?
Se supone que el espíritu de esta ley es justamente otorgar libertad de elección a las familias para escoger el proyecto educativo que mejor les parezca, sin estar condicionadas a la capacidad de pago.
Ahora, la reforma no toca a los particulares pagados.
«Si el sostenedor toma la decisión de pasar a particular pagado y usted no tiene cómo pagar esa colegiatura —indica el MINEDUC—, deberá acercarse a la Secretaría Regional Ministerial de Educación o al Departamento Provincial de Educación para que le orienten respecto a qué establecimientos similares tiene como opciones para matricular a su hijo o hija. Ningún niño o niña dejará de tener una buena escuela donde estudiar».
A los apoderados del Camilo Henríquez no les está resultando tan simple encontrarla. Y están preocupados, expectantes y, ahora, movilizados.
–Ley de Inclusión, MINEDUC.
–17 Preguntas y respuestas sobre la Ley de Inclusión Escolar, Gobierno de Chile.
–Cómo cambia el sistema educativo con la Ley de Inclusión, Educación 2020.
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Los ex rrrrrrrrrevolucionarios dueños del Camilo Henrtiquez (Ex LIM) optaron por el lucro.
El año ante pasado nos pasó lo mismo en el colegio donde tengo a mi hija, y por eso desde el 2016 que pago Matricula (bastante alta) y un 60% más en la colegiatura... hicimos marchas interpusimos un recurso de protección y muchas cosas, pero nada funcionó.... al colegio no le alcanza con lo que paga el estado para la gratuidad, por lo cual ahí estamos pagando mucho más que antes para poder mantener a mi hija en el proyecto educativo que yo quiero para ella.... Dado esto una vez más a la clase media nos clavan, salimos a marchar peleamos por una mejor educación y gratuita, pero finamente que se logro, que el estado se ahorre la subvención que entregaba al colegio y la tengamos que pagar nosotros.