Concejales de Maipú solicitaron el pronunciamiento de la Contraloría sobre la legalidad y responsabilidad de la administración patrimonial de parte de la alcaldesa y sus asesores, a raíz del millonario gasto por despidos injustificados.
Hace poco, recién, pasado el mediodía, del miércoles 13 de junio, concejales de Maipú llegaron, justo antes de que cerraran las puertas, hasta la Contraloría General de la República, ubicada en calle Teatinos 56, en el centro de Santiago.
Pedro Delgadillo, Abraham Donoso, Erto Pantoja, Gonzalo Ponce, Ariel Ramos y Marcela Silva solicitaron un pronunciamiento «acerca de la legalidad y responsabilidad de la administración patrimonial de parte de la alcaldesa y sus asesores. Y en caso de detectar irregularidades e ilegalidades, dictar las medidas que en derecho correspondan».
Asimismo, «la existencia de irregularidades por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica, en la participación y seguimiento de los juicios laborales en contra de la Ilustre Municipalidad de Maipú. Y el desacato de los dictámenes de Contraloría a tal efecto».
¿Por qué?
Esto a raíz de las desvinculaciones masivas de trabajadoras y trabajadores por parte de la administración Barriga, muchos de los cuales han demandado al municipio por despido injustificado.
Con algunos, el municipio ha transigido, debiendo pagar un monto que, de acuerdo a los concejales, «superaría con creces lo proyectado por el presupuesto municipal».
En otros casos el municipio ha derechamente perdido los juicios, «por montos que a la fecha superan los $1.924.690.946 imputables al ítem municipal Compensación por daños a terceros y/o la propiedad, cuya cuenta del Presupuesto Municipal del año 2018 ya cuenta con un saldo negativo que a la fecha asciende a la suma de $1.339.155.186″.
Esto, «solo por la cantidad de 53 funcionarios, faltando aun saber que pasó con los otros 833 funcionarios restantes».
El municipio, dijeron los concejales, «ha omitido información relevante y necesaria al respecto, y nos ha amenazado y forzado en reiteradas ocasiones a aprobar modificaciones en pos de salvaguardar las arcas municipales de decisiones arbitrarias carentes de sustento legal cometidas por ellos, en específico por la alcaldesa Cathy Barriga, ocultando información relevante que impide nuestra labor como fiscalizadores».
«[…] es cierta y viable la existencia de un incumplimiento por parte de la alcaldesa Cathy Barriga […] —señalaron—, ya que por medio de su actuar arbitrario y negligente ha ocasionado un detrimento al patrimonio municipal«.
Finalmente, apuntaron a una «falta de diligencia de los abogados de la Municipalidad en su actuar en los Tribunales Laborales. Tanto es así, que no han asistido a defender los intereses municipales y patrimonio municipal, ni la Alcaldesa, como su Director Jurídico».
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