En el Salón de Honor de la Intendencia Metropolitana, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, integrada mayormente por los seremis de las carteras atingentes entre otras autoridades, le dio una luz verde unánime a la empresa Sonacol para que construya su «Proyecto Segunda Línea Oleoducto Maipú-Aeropuerto Arturo Merino Benítez».
Así se resolvió un proceso de evaluación, al que deben someterse todos los proyectos que puedan causar un impacto en el medio ambiente, que la empresa viene tramitando desde hace tres años (e incluyó una etapa de participación ciudadana para realizar observaciones).
Un oleoducto es una tubería para trasladar el petróleo y sus derivados.
La Sociedad Nacional de Oleoductos es una filial de Copec, perteneciente al grupo Angelini, que traslada cerca del 98% del combustible refinado (diésel, gasolina de 93 y 97 octanos, kerosén de aviación y doméstico) y gas licuado que se utiliza en la región.
Sonacol tiene su planta en el Barrio Industrial de Maipú, comuna en la que ya opera una red de oleoductos.
Hasta acá trae gas licuado y combustible refinado desde Concón; desde acá lleva combustible refinado hasta San Fernando y el kerosén de aviación hasta el aeropuerto.
Este nuevo oleoducto permitirá aumentar la capacidad de transporte hasta el terminal aéreo según el crecimiento de la demanda en un horizonte de 80 años, señala la empresa. «La obra recién aprobada permitirá evitar el paso de 300 camiones en los momentos de mayor demanda».
Su trazado es el siguiente:
Al proyecto se opone parte significativa de la comunidad maipucina, organizada en la Coordinadora No al Oleoducto de Sonacol en Maipú, cuya presidenta, la dirigenta social Viviana Delgado, dijo hoy que encontraba «violento» que esto se decidiera en medio del estallido social [contra el abuso neoliberal] que estamos viviendo, dado que la comuna ha sido uno de los puntos más álgidos de las protestas:
«Es responsabilidad de ustedes que siga recorriendo sangre por las calles de Maipú», le enrostró a la comisión.
«Si este proyecto se aprueba nos vamos a poner en pie de guerra», advirtió a su turno el dirigente social Raúl Gómez Urrutia.
La principal preocupación es que un accidente contamine las napas subterráneas de las que se extrae el agua, como indicó la alcaldesa Cathy Barriga, quien se pronunció en contra del proyecto.
«¡Vendidos!», «¡Seremis de Piñera!» y «¡¿Dónde viven ustedes?!», les gritaban las y los vecinos presentes en el edificio y a un costado del Palacio de La Moneda.
Ante la resolución, restan instancias de revisión y de reclamación.
«Esto es solo el inicio de un largo camino administrativo y legal», comentó el concejal ecologista Gonzalo Ponce, quien anunció que «no pararemos hasta ganar en tribunales, porque dentro de las respuestas a nuestras observaciones la empresa reconoce que pone en riesgo las napas subterráneas y la copa de agua del sector Los Bosquinos, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua de 26 mil personas solo en ese tramo».
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