Vamos a ver.
Según la fiscalía, los hechos que ha investigado en el «Caso Basura» tienen una «cara visible» y una «cara oculta». Y ha dicho que en el juicio oral, que comenzó a fines de la semana pasada, develará la «cara oculta», para que el tribunal vea el «cuadro completo».
«¿Y cuál es el cuadro completo? —preguntó el fiscal Paul Martinson—: Que los acusados Richter, Torres y Vittori le pusieron precio a la función pública; uno económico. Y esperamos que en este juicio paguen otro: una condena penal» —respondió—.
Para ello, el Ministerio Público deberá probar los hechos motivo de la acusación, «más allá de toda duda razonable».
Algo difícil, atendido lo que el mismo fiscal citado dijo, en cuanto a que «la clandestinidad es la característica principal de este tipo de casos».
Algo «imposible», dijo una defensa; porque las defensas sostienen que los hechos no son como han sido presentados en la acusación.
La acusación es infamante, porque supone que servidores públicos pasaron a servir intereses particulares.
Los acusados alegan inocencia, al punto de que uno de los defensores pidió la absolución de su defendida «con expresa y ejemplar» condena en costas (es decir, que los acusadores paguen los gastos asociados al juicio).
Los acusadores son tres: el Ministerio Público (o fiscalía, es la misma institución), el Consejo de Defensa del Estado y el diputado UDI Joaquín Lavín León.
Los acusados son ocho; entre ellos, el ex alcalde de Maipú Christian Vittori, los ex concejales Carlos Richter y Marcelo Torres, y el empresario Pedro Acevedo (de la empresa «Don Óscar»).
Los hechos por lo que se les acusa, tal como los ha presentado el Ministerio Público, se agrupan en tres:
Básicamente, según el «Hecho 1» —que le dio nombre al caso: «Caso Basura»—, durante el período del alcalde Alberto Undurraga cinco concejales, entre ellos Christian Vittori, quien posteriormente sería alcalde, habrían favorecido los intereses del grupo KDM en licitaciones del servicio de recolección y transporte, por una parte, y de disposición, por otra, de la basura domiciliaria de la comuna, a cambio de dinero, perjudicando a su principal competidora y, a la larga, al municipio (la Municipalidad de Maipú es la víctima).
Por este «Hecho 1» hay acusados de cohecho, soborno y fraude al fisco.
Según el «Hecho 2», Christian Vittori, como concejal primero y alcalde después, habría favorecido a través de una fiscalización municipal «laxa» o «nula» a la empresa Don Óscar, encargada del mejoramiento y mantención de unas multicanchas. Esto, a cambio de un vehículo.
Por este «Hecho 2» hay acusados de cohecho y soborno.
Según el «Hecho 3», mediante maniobras como el testaferrato (cuando alguien inscribe algo a su nombre ocultando al verdadero dueño), la compra de divisas y la creación de sociedades de papel, una serie de personas habría intentado disimular el origen ilícito de los bienes resultantes de los delitos anteriores, con ánimo de lucro.
Por este «Hecho 3» hay acusados de lavado de activos.
Las partes concluyeron a principios de esta semana sus alegatos de apertura. Hasta cierto punto, podría decirse que las defensas también señalaron caras ocultas en los hechos motivo de la acusación, en sentido contrario al Ministerio Público.
Por ejemplo, la defensa de Christian Vittori ha dicho que el Ministerio Público ha visto el proceso licitatorio de la basura desde el punto de vista del Concejo Municipal (de las votaciones de los concejales en el concejo municipal), pero no desde el punto de vista de la administración municipal, que confeccionó las bases.
El voto de los cinco concejales no bastaba, insistió. Había más concejales. En este sentido, su teoría del caso es que «la administración del alcalde Undurraga instrumentalizó las licitaciones y las votaciones debido a una crisis financiera».
Así, también, la defensa de Pedro Acevedo ha dicho que el pago del vehículo obedecía a otras transacciones previas, de cuando Don Óscar operaba una compraventa de automóviles:
«Las cosas, en materia penal, Su Señoría, no son lo que primariamente parecen», dijo su abogado.
Sobre la empresa supuestamente favorecida, las defensas han dicho que no era la principal competidora (por lo que rechazar a la otra no significaba beneficiar a esta).
Sobre la empresa supuestamente perjudicada, que tenía a la fecha una serie de incumplimientos en materia ambiental, que su oferta no era la más ventajosa (pese a ser la más barata) y que, a la larga, en cuanto al servicio de disposición de la basura, le salió más cara al municipio que la supuestamente beneficiada por los cinco concejales.
Por tantas caras ocultas, a cuyo develamiento aportarán cientos de pruebas y testigos, sumado a que los acusados han dicho que justificarán «peso a peso» sus haberes, se estima, por lo bajo, que este juicio podría prolongarse durante seis meses.
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Pasaron los tiempos de Alcaldes honestos, respetados y queridos:
Don José Luis Infante Larraín
Don Gonzalo Pérez Llona
Y podrían escaparse un par más.
Eran otros tiempos o nada se sabía!!!!..como dirían muchos de los actuales!!!