El Ministerio de Energía solicitó al Tribunal de Libre competencia que rechazara y archivara la consulta presentada por Conadecus por ser inoficiosa, el Tribunal no acogió lo solicitado por el Ministerio de Energía y dio curso a la consulta.
En la audiencia del Tribunal de Libre competencia, la posición del Ministerio de Energía evitó un conflicto con Metrogas sobre la estructura de la industria por la integración vertical y horizontal y los efectos en la competencia que tendrá el ingreso de la española Gas Natural Fenosa (GNF) y presentó la misma línea argumentativa de Metrogas.
La Comisión Nacional de Energía manifestó que tenía los instrumentos suficientes para realizar los estudios de rentabilidad y ratificó la validez del estudio de rentabilidad y agregó un dato más revelador; el año 2012 las conversiones de Metrogas significaban el 20% de la inversión y el año 2013 aumentaron en 50% llegando al 30% sin que aumentaran las redes y los clientes. Por su parte, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) expuso claramente lo que estaba evitando discutir el Ministerio de Energía, la integración vertical y horizontal, la falta de competencia, estructura de la industria, y el Interlocking entre los directores de estas empresas. ¿Qué pasó entremedio?
Antes de la venta las acciones de la Compañía General de Electricidad (CGE) estaban a un precio de $2300, pero desde que se hizo la primera oferta por parte de la trasnacional española estás comenzaron a dispararse llegando al momento de la venta Oferta Pública de Adquisición (OPA) a alcanzar una cifra de $ 4.700 record para ese mercado. ¿Qué fue lo que explicó ese cambió en menos de seis meses que llevó a un significativo medio a señalar que “es la mayor OPA que el país ha experimentado”?
Desde luego no fueron pocos los especialistas que indicaban que lo que hizo Fenosa no fue una inversión (“aquí no hay creación de puestos de trabajo, no hay inversiones de verdad”), sino que se trataba lisa y llanamente de la compra de un monopolio. Es más, a diferencia del la Compañía General de Electricidad, el Gas Natural Fenosa (GNF) no solo es distribuidor sino que también productor de gas y generador eléctrico, lo que resultaba aún más amenazante para el raquítico o débil mercado interno.
Por si fuera poco, la estructura regulatoria o depende del gobierno de turno –Secretario de la Comisión Nacional de Energía (CNE)- o las instancias especiales creadas para resolución de conflictos son financiadas por “los agentes del sector” (Energía y regulación en Iberoamérica, CNE), lo que hace que en general no desempeñen un rol neutral.
Si a eso sumamos el papel pasivo de Chile “país consumidor e importador neto” además la concentración de la propiedad que se solidifica con el ingreso de GNF hacen que el panorama del sector no sea el más alentador para los consumidores.
Como Metrogas pasó a ser controlado por GNF, y al comprar CGE ya se hizo con Gasco, y además, a través de Metrogas –dueños de gaseoductos y redes- controla parte del terminal Quinteros, así como Copec controla parte de Metrogas, tiene la propiedad de Abastible, el 65% del mercado de los combustibles y es además productor de carbón (Isla Riesco), además controla la Sociedad Nacional de Oleoductos-SONACOL– y el tercer actor que había en la propiedad de Metrogas era Trigas que era de propiedad de Lipigas posteriormente también pasa a propiedad de Gasco, el temor de Conadecus es que asistíamos a la concentración absoluta de la energía con una participación dominante de GNF convirtiéndolo en un actor incontrarrestable.
Es en este escenario que Conadecus decide iniciar la consulta al Tribunal de Libre Competencia, considerando las relaciones de propiedad que existen entre las diferentes empresas que operan en el mercado relevante del gas (gas natural y de petróleo), y solicitamos al tribunal que fijara las condiciones necesarias para evitar que dichas integraciones verticales y horizontales continúen causando daño y poniendo en peligro la libre competencia. Además, solicitamos que el tribunal dictara instrucciones de carácter general para que sean consideradas por las empresas en los actos o contratos que ejecuten o celebren.
El día 30 de octubre, el TDLC declaró inadmisible la consulta, pero la excelentísima Corte Suprema el año 2016 revocó la resolución de TDLC y ordenó conocer de las integraciones verticales y horizontales que existirían en el mercado de la electricidad informado por los productos de gas licuado de petróleo y gas licuado natural, y de la operación que adquirió CGE por parte de GNF.
Que el directorio de Copec solo podrá estar integrado por personas que no sean directores o cumplan funciones ejecutivas en Metrogas y Abastible, los funcionarios y directores deberán abstenerse de entregar información relacionadas con Metrogas a personas que sean dependientes de Abastible y viceversa, Copec, Abastible y Metrogas en caso que no tuvieran, deberán elaborar un programa de compliance siguiendo, al menos, lo dispuesto por la Fiscalía Nacional Económica en su guía sobre programas de cumplimiento.
Lo más alegado por las empresas Abastible y Gasco ante la corte Suprema fue la resolución del TDLC de la obligación de enajenar en un plazo de 18 meses su propiedad en el terminal Gasmar, esta desinversión se trata del paquete de activos, la enajenación debe ser a un tercero persona natural o jurídica independiente de Abastible, Gasco, Lipigas o cualquier competidor en mercado de distribución minorista.
A esto debemos agregar que en estos días COPEC, a través de un hecho esencial, ha informado de un plan de desinversión importante que se llevará a cabo en los próximos meses, dentro de este plan se encuentra la Sociedad Nacional de Oleoductos – SONACOL- empresa dueña del proyecto del oleoducto que unirá Maipú con el aeropuerto de Santiago, esta iniciativa ha tenido un fuerte rechazo por parte de organizaciones ciudadanas, quienes han realizado constantes movilizaciones de protestas solicitando la paralización de la construcción y el cambio de trazado.
Sin embargo, a pesar de la oposición ciudadana por los graves riesgos para los vecinos de Maipú y Pudahuel, por estar emplazado en zonas urbanas habitadas, la comisión de evaluación ambiental después de tres años de revisión aprobó el proyecto emplazado en Maipú, este oleoducto tiene como objetivo abastecer de combustible el aeropuerto de Santiago.
El mayor accionista de Sonacol es Copec (del grupo Angelini) con el 40,8%; seguida de Esmax Inversiones (de Southern Cross) con el 22,2%; Enex (del grupo Luksic) con el 14,9%, Abastible (de Empresas Copec) con el 12% y Enap con el 10,1%.
Esta desinversión por parte de COPEC-ABASTIBLE, tendrá efectos en la interlocución de los maipucinos con la empresa controladora, que hasta el momento no se conoce quiénes se adjudicarán el control de SONACOL, quien además posee importantes bienes, inmuebles urbanos y sitios eriazos en lugares estratégicos de la comuna. Sin embargo, la desinversión que anuncia COPEC de GASMAR no es voluntaria, es la obligación que tiene de cumplir el fallo dictado por la corte suprema, plazo que está próximo a cumplirse.
Hay que destacar la importante función de control y denuncia que realizan las organizaciones ciudadanas y vecinales cuando se instalan actividades industriales o de infraestructura que se emplazan en zonas territoriales urbanas, las cuales pueden tener efectos nocivos para la calidad de vida y la seguridad de los vecinos.
Asimismo, es importante la movilización de la ciudadanía para oponerse que Maipú se convierta en una zona de sacrificio, especialmente cuando nuestra comuna posee concentración de prácticamente todos los terminales de combustibles, gaseoductos que abastecen la región Metropolitana y regiones cercanas, los oleoductos y gaseoductos atraviesan las zonas urbanas de Maipú, provocando un alto riesgo para sus habitantes.
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