El Decimoséptimo Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda de indemnización de perjuicios contra la Fundación Educacional Quitalmahue, sostenedora del Colegio Santa María de Maipú, tras establecer un actuar negligente en el manejo de un caso de acoso escolar ocurrido al interior del establecimiento ubicado en la comuna de Maipú.
La sentencia, dictada por la magistrada Rocío Pérez Gamboa, ordenó el pago de $45.651.947 a favor del estudiante afectado por concepto de daño moral y daño emergente, además de $10 millones para su madre, debido al impacto emocional derivado del proceso.
Falta de aplicación del protocolo
Según el fallo, el colegio contaba con un protocolo y un catálogo de sanciones para abordar situaciones de acoso escolar. Sin embargo, el tribunal concluyó que dichas medidas “no fueron aplicadas o se aplicaron de manera deficiente”, lo que impidió acreditar un actuar diligente por parte del establecimiento.
La resolución también establece que el colegio no siguió adecuadamente el protocolo interno para estos casos, situación que quedó registrada en una investigación administrativa realizada por la Superintendencia de Educación. El tribunal indicó que las medidas adoptadas fueron insuficientes frente a agresiones que ya habían sido denunciadas y cuyos responsables estaban identificados.
El fallo señala que el estudiante sufrió una afectación física y psicológica durante el periodo en que permaneció como alumno del establecimiento. Entre los antecedentes considerados por el tribunal figuran atenciones clínicas y tratamientos kinesiológicos, además de un cuadro depresivo que finalmente derivó en la salida del menor del colegio.
La jueza sostuvo en la resolución que el adolescente perdió el interés por compartir con sus compañeros y relacionarse con otras personas, mientras que el establecimiento no adoptó medidas correctivas eficaces respecto de los alumnos agresores.
Indemnización también para la madre
La sentencia también reconoce el impacto emocional sufrido por la madre del estudiante, señalando que enfrentó un “stress constante” durante las gestiones realizadas ante autoridades escolares y administrativas para denunciar los hechos y exigir medidas de protección para su hijo.
Antecedente judicial previo
El caso se suma a un antecedente judicial registrado en 2012, cuando el Noveno Juzgado Civil de Santiago condenó al mismo establecimiento al pago de $20 millones a la familia de una alumna que sufrió bullying durante cuatro años.
En esa oportunidad, la justicia también concluyó que el colegio no adoptó medidas concretas para proteger a la estudiante, pese a existir denuncias por agresiones psicológicas y físicas al interior del recinto educacional.
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