El abogado fundador de «Soy Honorario», Giorgio Marino, estima que su estudio ganará el 90% de las causas que lleva contra la municipalidad de Maipú por despido injustificado, y califica a las desvinculaciones masivas de la administración Barriga como una razia, que podrían fundar una acusación por notable abandono de deberes, por el perjuicio patrimonial al municipio.
«La «Operación Barriga», que es la manifestación de la ignorancia y desprecio de la alcaldesa por los derechos de los trabajadores de Maipú, le va a costar a la municipalidad 15 millones de dólares», estima el abogado Giorgio Marino, fundador del estudio jurídico «Soy Honorario«.
Según sus cálculos la administración Barriga ha desvinculado a unas mil personas (y contratado a otras tantas). De aquellas, unas trescientas han demandado a la municipalidad por despido injustificado.
«Soy Honorario» lleva unas cien de esas causas, estando veinte a veinticinco de ellas terminadas, correspondiéndole unos cincuenta millones de pesos en promedio a cada trabajador.
Razia
La «Operación Barriga», aclara el abogado, tiene que ver con la forma y el número. Tributando a su padre napolitano, habla de una razia:
«Si tú me dices que echaron a veinte, podría ser… Pero, ¿mil?, en torno al 30% o casi el 40% de la totalidad de los funcionarios a honorarios de Maipú, esto es una razia, aquí y en Roma. Es la municipalidad en Chile que ha obrado de manera más salvaje con esta gente, aprovechándose del desconocimiento de estas personas, porque hay setecientas personas que se fueron para la casa sin ejecutar sus derechos».
Notable abandono de deberes
«Desde luego el proceso entero, esta razia completa, es a nuestro juicio fundante de una acusación por notable abandono de deberes. Porque el objetivo que se pretendía no solo no se cumplió, sino que se ocasionó un daño enorme a la municipalidad, por la forma en la que esto fue hecho. Los derechos estaban, pero esto pudo haberse planificado de otra forma, desde luego no en este número de personas. Pero además, respecto de cada causa que tiene sentencia firme y que no es pagada de inmediato, el efecto que produce tanto la sanción de la Ley Bustos como el incremento por efecto de intereses, reajustes, recargos y multas, en sede de cotizaciones previsionales, es enorme. Entonces, cada día que la municipalidad se demore en pagar una sentencia firme le produce un daño patrimonial significativo, pero muy, muy grande. Y no hay ninguna razón para evitar el cobro. Pague o no pague la señora Barriga, se demore o no se demore lo que quiera demorarse, porque el daño patrimonial se produce por el solo efecto del transcurso del tiempo. Si ella logra escamotear, o intenta escamotear, digamos, hasta el fin de su período, cosa que me parece imposible, pero supongamos que lograra escamotear en algún caso hasta el fin del período, el hoyo patrimonial que le va a dejar al alcalde que viene va a ser monstruoso. Por lo tanto no pagar una sentencia firme es a nuestro juicio un segundo capítulo en que perfectamente podría fundarse una acusación por notable abandono de deberes. Así lo han señalado los tribunales electorales en el país, ya varias veces».
«Con el agravante de que sigue en esto —añade—. Sigue desvinculando personas, las sigue sacando como si fueran maleza. La señora Barriga saca funcionarios como si fueran maleza. Se le olvidó que son trabajadores, son personas, tienen derechos».
—Alguien podría decir que necesitaba gente de confianza…
—¿Cuántas personas necesita un alcalde de su confianza? El administrador municipal, el director jurídico, el de la Dideco y uno más. ¿Necesita que la gente de aseo sea de su confianza? Eso es mentira. No conoce a los mil.
—También podría decirse que quiso renovar…
—Pero si estas no son alfombras pues, hombre. Uno renueva la alfombra, los cuchillos, los vasos. Las personas no se renuevan.
«Esto ha sido una razia. Cuando tú pescas a una cantidad de personas y las eliminas sin motivo aparente, sin evaluaciones, sin nada, esto no es una renovación», dice Marino con voz estentórea, mientras se encienden las primeras luces del barrio La Llavería, en Vitacura.
También están Pedro Peña, el abogado jefe del equipo de litigación del estudio, y un tercero.
Derechos
Desde el 2015, la Corte Suprema ha dicho que si una persona contratada a honorarios ha prestado servicios en forma permanente o habitual y bajo subordinación y dependencia, es en realidad un trabajador. Tiene un vínculo laboral y hay que aplicarle el Código del Trabajo.
Y, por lo tanto, cuando se le ha despedido injustificadamente hay que pagarle la indemnización por años de servicio, el recargo del 50% como sanción al despido injustificado, el mes de preaviso y las vacaciones proporcionales.
Asimismo hay que pagar las cotizaciones previsionales, de salud y el seguro de cesantía.
Esta última partida constituye el grueso de los montos.
Es el grueso de los trescientos millones que la municipalidad de Maipú debe desembolsar en el caso de Patricio Bustamante, el tercero presente en la entrevista, ex presidente del sindicato de trabajadores a honorarios de la municipalidad, quien asesora actualmente al estudio en materias de formación sindical.
«Soy Honorario es un estudio jurídico cuyo fin es morir. Si lo hacemos bien, vamos a morir. Porque hacerlo bien supone educar a la gente en sus derechos», concluye Marino, ya de pie.