Durante la mañana de este lunes se inició una movilización en el Colegio República de Guatemala – dependiente del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santa Corina-, convocada por un grupo de apoderados que acusa a la directora Marcela Mardones por supuestas “injusticias con los alumnos y el mal uso de dineros públicos”, según señalaron.
Unas treinta personas —entre apoderados y familiares— llegaron hasta las afueras delestablecimiento, con globos, pancartas y ruidos de protesta, exigiendo respuestas frente a las denuncias de supuesta mala administración, falta de protocolos ante casos de bullying y restricciones en la comunicación con los docentes.
Durante la jornada, personal de Seguridad Comunitaria acudió al lugar con el fin de resguardar el orden y monitorear el desarrollo de la movilización, que se mantiene en carácter pacífico según los propios organizadores.
Problemas de administración
Los organizadores afirman que la situación llegó a un punto límite. “Ya esto no da para más”, expresaron, acusando además “el mal uso de los dineros y también el no manejo del bullying contra los alumnos y el autoritarismo hacia los niños y apoderados”. De acuerdo con los apoderados, incluso se habría impedido la comunicación con los docentes: “Impidiéndose comunicar por mail con los profesores”, denunciaron.
La movilización —que comenzó hoy— continuará mañana y no se descarta que se sumen docentes. “A lo mejor mañana se adhieren profesores”, anticiparon quienes lideran la convocatoria.
Entre los motivos expuestos públicamente por el grupo movilizado destacan cambios de horario sin aviso “que han dejado a estudiantes esperando solos en la calle”, limitación de la participación de apoderados en decisiones relevantes, falta de atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, casos de violencia escolar “no abordados adecuadamente” y decisiones administrativas fuera del calendario oficial. También aseguran que el clima escolar se habría visto deteriorado, según reportes realizados al SLEP Santa Corina.
Las demandas de los apoderados apuntan a restablecer un funcionamiento adecuado del establecimiento. Exigen “respeto a la normativa educacional y calendario escolar oficial”, condiciones seguras para los estudiantes, procesos administrativos transparentes, “protocolos reales frente a casos de bullying y salud mental”, además de una participación efectiva en la vida escolar, tal como lo establece la ley.
La fecha oficial de la próxima convocatoria aún está por confirmarse.
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