Por Gustavo Baehr Neira, abogado.
Tras una solicitud de fiscalización de Carlos Román y yo, interpuesta ante la Contraloría General de la República, la mencionada Entidad de Control finalizó una investigación recaída en contrataciones directas suscritas por la Municipalidad de Maipú (desde 2021, año en el que Tomás Vodanovic asume como alcalde) y la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de la comuna (CODEDUC), con una empresa de servicios jurídicos perteneciente al abogado del Presidente Boric.
Se trata de Bascuñán, Barra, Awad, Contreras y Schürmann (BACS), firma de la cual es socio Miguel Schürmann, un prestigioso abogado conocido en 2024 por haber detectado una denuncia en contra de Boric, quien, según diversas noticias, le otorgó un mandato para monitorear causas judiciales en las que pudiera estar involucrado.
Según una investigación de La Segunda1 en 2024, la firma cuenta con contratos suscritos con diversos organismos del Estado, los cuales ascienden a más de $427 millones de pesos. La citada fuente indica que la Municipalidad de Maipú es la segunda institución estatal con mayor cantidad de recursos involucrados en contrataciones con la mencionada empresa, los cuales ascienden a más de $82 millones, según el valor de la UF reajustada a la fecha del reportaje.
Despertó nuestra atención que, pese a tratarse de asesorías que pueden ser legítimas y necesarias para la Municipalidad, las contrataciones involucraran montos millonarios financiados con recursos de la comuna y que estos recayeran en una empresa perteneciente al abogado del Presidente Boric, militante del mismo partido que el alcalde Vodanovic. A ello se suma que dichas contrataciones se efectuaron mediante trato directo, una modalidad excepcional y estrictamente regulada, precisamente porque carece, por regla general, de las ventajas propias de la licitación pública, como mayor competencia y transparencia, menores costos y mejores condiciones para el servicio requerido.
En dicho contexto y tras más de un año de investigación, la Contraloría emitió el oficio 3852/2026, en el cual detectó distintas irregularidades, distinguiendo entre los contratos suscritos por la mencionada firma con la Municipalidad de Maipú y aquellos establecidos con CODEDUC.
En cuanto a los primeros, la Contraloría advirtió que – si bien se cumplió con parte de lo dispuesto en la normativa vigente en la época de la contratación – no consta que la Municipalidad haya elaborado, en todos los contratos, los términos de referencia con la consignación del presupuesto respectivo; que se haya verificado la idoneidad técnica de la empresa del mismo abogado de Boric; que se hayan emitido y publicado las invitaciones pertinentes en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas; y que se hayan explicado las razones por las cuales los servicios no podían ejecutarse por personal de la Dirección Jurídica de la entidad edilicia.
Todas estas materias, cuyo cumplimiento no se verifica según la investigación efectuada por Contraloría, eran plenamente obligatorias conforme a la normativa vigente al momento de las contrataciones (artículos 106 y 107 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios).
Cabe señalar que el Órgano Contralor extendió su fiscalización más allá de la denuncia vecinal (interpuesta en 2024). En efecto, en su oficio hizo presente que, respecto a las contrataciones efectuadas con el mismo proveedor en 2025, no se verificó la existencia de características o circunstancias excepcionales que tornaran indispensables el trato directo (tal como lo exige el artículo 71, N° 7, letra c, del decreto N° 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la ley N° 19.668, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, y deja sin efecto el decreto supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda). Por este motivo, la Contraloría ordenó expresamente a la Municipalidad adoptar medidas tendientes a que esta situación no se reitere en el futuro.
Respecto a los contratos suscritos por BACS con la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú, la Contraloría detectó que esta institución no extendió, dentro del plazo legal, el informe que se le requirió (luego de ser requerida por la Entidad de Control, CODEDUC fue reemplazada por el Servicio Local de Educación Pública Santa Corina). En cuanto a las contrataciones, el Órgano de Control señaló que no se acreditó la existencia de circunstancias o características de los contratos que hicieran del todo indispensable acudir al trato o contratación directa.
Los antecedentes expuestos muestran que no se trata de errores menores, sino de deficiencias objetivas en tratos directos que involucraron millones de pesos de la Municipalidad. Por ello, el propósito de esta columna es poner las conclusiones de la Contraloría a disposición de los vecinos de la comuna y de sus autoridades. No es motivo de orgullo que esta situación haya sido detectada a raíz de una solicitud presentada por nosotros. Por el contrario, la reiteración de estas anomalías en contratos celebrados entre 2021 y 2025 constituye una señal de alerta que, esperamos, sea considerada por quienes dirigen los destinos de nuestra comuna. Cuando se solicitan asesorías en materia legal empleando recursos de todos los vecinos de Maipú, lo mínimo exigible es que los procedimientos utilizados sean rigurosos y ajustados a Derecho. El fin no justifica los medios.
- La Segunda, edición del viernes 29 de noviembre de 2024, p. 4. ↩︎
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