El alcalde respondió por primera vez a la controversia judicial que afecta a la licitación del servicio de limpieza del centro de Maipú, un contrato de más de $4.700 millones adjudicado el 23 de julio de 2024 a Dimensión S.A. y cuya adjudicación fue declarada ilegal por el Tribunal de Contratación Pública.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, salió este lunes 27 de julio a responder públicamente a la controversia generada por la licitación del servicio de limpieza urbana y barrido del sector céntrico de la comuna, asegurando que la Municipalidad acatará las resoluciones de la justicia y descartando que exista desacato o incumplimiento de los fallos judiciales.
Sus declaraciones fueron difundidas a través de un video publicado en sus redes sociales personales y replicado por los canales oficiales de la Municipalidad de Maipú, incluidos todos los canales barriales de WhatsApp. Asimismo, el municipio reforzó esa postura mediante un comunicado público en su portal web.
En el registro, el jefe comunal sostuvo que «no hay desobediencia, no hay desacato» y defendió la actuación del municipio frente al proceso judicial que enfrenta por esa licitación.
Una licitación de 2024 cuestionada por la justicia en 2025
La controversia originada en la licitación pública ID 2770-71-LR24, correspondiente al servicio de limpieza urbana y barrido del centro de Maipú por un monto $4.776.031.680, con una duración de 48 meses.
La empresa Núcleo Paisajismo SpA, que también participó del proceso y salió segunda por una diferencia decimal, recurrió el 24 de julio del 2024 -al día siguiente del decreto alcaldicio- ante el Tribunal de Contratación Pública, cuestionando el incumplimiento de un requisito técnico mínimo exigido por las bases de licitación, que a juicio de la empresa y posteriormente del Tribunal de Contratación Pública, debió haber dejado a Dimensión fuera del proceso, como ocurre normalmente con cualquier proyecto que incumpla los requisitos establecidos por la Comisión Evaluadora previo al escrutinio del Concejo Municipal.
Tal como el alcalde lo explica en su declaración:
El 27 de junio de 2025, el Tribunal de Contratación Pública dictó sentencia y declaró ilegal la adjudicación, ordenando retrotraer la licitación hasta la etapa de evaluación de las ofertas, para que una nueva comisión evaluadora realizara nuevamente ese trabajo.
Nuevamente el alcalde lo explica, aunque señaló que la sentencia fue a mitad de este año cuando realmente ocurrió a mediados del año pasado:
Núcleo sostenía que la sentencia debía cumplirse tal como fue dictada por el Tribunal. En concreto, pidió que la Municipalidad:
- Dejara sin efecto la adjudicación realizada a Dimensión S.A.
- Designara una nueva comisión evaluadora, distinta de la que participó originalmente.
- Volviera a evaluar las ofertas, excluyendo la de Dimensión por no cumplir los requisitos técnicos establecidos en las bases.
- Informara un cronograma con las actuaciones para ejecutar la sentencia.
El acatamiento de la sentencia se postergó hasta este año
Durante cerca de medio año, la Municipalidad intentó revertir esa decisión mediante distintas acciones judiciales, pero los tribunales mantuvieron el fallo:
El 1 de julio de 2025 la Municipalidad interpone un recurso de reclamación buscando que la Corte de Apelaciones la revocara argumentando que la velocidad de la vacuolavadora (5,8 km/h) no era un requisito de admisibilidad de la oferta. Sin embargo, el 4 de diciembre de 2025 la Corte de Apelaciones de Santiago rechaza el recurso de reclamación y confirma el fallo del Tribunal de Contratación Pública.
Con ello, la discusión dejó de ser si la adjudicación fue legal o no y pasó a centrarse en cómo debía cumplir la Municipalidad lo ordenado por el Tribunal.
En ese escenario, el 18 de junio de 2026, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la oposición al cumplimiento incidental del fallo presentada por el municipio y ratificó que la sentencia debía cumplirse.
La controversia escaló durante julio
Con la causa ya en etapa de cumplimiento, Núcleo Paisajismo envió el 9 de julio un oficio dirigido al alcalde y a los integrantes del Concejo Municipal.
En ese documento, la empresa solicitó que la Municipalidad informara las medidas que adoptaría para ejecutar íntegramente la sentencia, entre ellas la designación de una nueva comisión evaluadora, la elaboración de un cronograma para continuar el proceso licitatorio y las demás actuaciones administrativas necesarias para dar cumplimiento al fallo.
La controversia volvió a escalar el 23 de julio, cuando El Líbero publicó un reportaje sobre el caso, otorgándole alcance nacional.
Un día después, el medio local La Voz de Maipú publicó que asesores del alcalde sostuvieron dos reuniones el 15 de julio, una con los concejales oficialistas y otros con los de oposición, todos los cuales recién se habrían enterado del litigio a través del documento. La consigna era explicarles el proceso judicial y los eventuales efectos económicos que podría enfrentar el municipio.
Ese mismo día, 15 de julio de este año, mientras los asesores explicaban a los concejales, Vodanovic firmó el Decreto Alcaldicio N.º 03160/2026, con el que inició un procedimiento para invalidar, finalmente, la adjudicación efectuada aquel 23 de julio de 2024, abriendo un plazo de hasta 60 días hábiles para que las empresas participantes presenten observaciones o reclamaciones.
Cuatro días después del reportaje de El Libero, el alcalde decidió abordar públicamente el tema.
Vodanovic anuncia una investigación interna
Durante su declaración, Vodanovic insistió en que, a su juicio, «no hay ninguna irregularidad» en el actuar del municipio y que la empresa, a su juicio, cumplió con todos los requisitos de la licitación.
Sin embargo, anunció la realización de una investigación interna para revisar el trabajo efectuado durante la evaluación de las ofertas.
Según explicó, esa indagatoria buscará establecer si la comisión evaluadora actuó únicamente bajo «una diferencia de interpretación técnica» o si existió «algún tipo de irregularidad» durante el proceso.
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