«(…) el atinado termino “cómplices pasivos”, se extendió profundamente como era de suponer, hacia los máximos exponentes de la Concertación Política, que en sus cuatro Gobiernos, manifestaron la intención y voluntad de trabar y cerrar los procesos por violaciones a los Derechos Humanos».
A cuarenta años de conmemoración del Golpe de Estado en Chile, comandado por el dictador Augusto Pinochet, se gestaron durante el año recientemente pasado, dos hechos de enorme relevancia en el contexto político presente.
El primer “Hot Point”, se produce cuando un Presidente de Derecha, a contrapelo de su propio sector político, cierra el Penal Cordillera generando una reacción en cadena entre el mundo militar y los sectores más duros de la Alianza gobernante y como consecuencia una primera trizadura importante dentro de ese sector político.
El segundo “Hot Point”, se gesta cuando, el mismo mandatario plantea la responsabilidad de los “cómplices pasivos”, en la falta de justicia en materia de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, abriendo un nuevo frente que hasta hoy sigue en debate aunque muchos transversalmente quieren bajarle el perfil, miran para el techo o se sumen profundamente un una amnesia política.
La reacción inmediata del sector denominado “progresista” del país, miró inmediatamente y como era obvio, hacia la derecha política, de manera de ubicar el domicilio de estos “cómplices pasivos”, apuntó principalmente a la derecha mas comprometida con el nefasto régimen militar para terminar centrando su atención, en los principales personeros actuales de la Derecha Chilena, no obstante, el atinado termino “cómplices pasivos”, se extendió profundamente como era de suponer, hacia los máximos exponentes de la Concertación Política, que en sus cuatro Gobiernos, manifestaron la intención y voluntad de trabar y cerrar los procesos por violaciones a los Derechos Humanos en numerosos intervenciones públicas, exigiendo a los jueces el cierre pronto de las causas pendientes para dar por superada la transición, así también, avanzaron en el mismo sentido cuando, el propio ex presidente Ricardo Lagos, en el afán de evitar la proliferación de demandas por apremios ilegítimos, tortura y secuestros ante los tribunales como efecto del informe de la Comisión Valech, decretó por ley, el secreto por 50 años de la relevante información recogida desde boca de las propias víctimas, contando para ello, con el apoyo desvergonzado de todos los parlamentarios del entonces pacto de Gobierno, muchos de los cuales siguen en el parlamento o son directivos máximos de sus partidos políticos.
Dónde se encuentra el punto más reprochable de esta complicidad pasiva de los actores políticos de primera línea en el sector autodenominado progresista.
En la imagen pública construida para presentarse como los grandes defensores de los DDHH y promotores de la justicia, en tanto tras bambalinas, negociaron y definieron la forma de trabar definitivamente la acción de la justicia y promover la impunidad de los criminales violadores de los DDHH y como consecuencia, promover la protección de los autores materiales e intelectuales de estas atrocidades cometidas en los campos de concentración, recintos de detención secretos, recintos militares y policiales.
[quote]el propio ex presidente Ricardo Lagos, en el afán de evitar la proliferación de demandas por apremios ilegítimos, tortura y secuestros ante los tribunales como efecto del informe de la Comisión Valech, decretó por ley, el secreto por 50 años de la relevante información recogida desde boca de las propias víctimas, contando para ello, con el apoyo desvergonzado de todos los parlamentarios del entonces pacto de Gobierno, muchos de los cuales siguen en el parlamento o son directivos máximos de sus partidos políticos.[/quote]
Esta fue una de las causales porque la concertación llego a su muerte y fue desalojada de la Moneda en su oportunidad. La ciudadanía finalmente se aburrió del doble discurso y de los niveles de protección política para con los autores de las violaciones a los DDHH ocurridos durante los 17 años de dictadura, tema hasta hoy, pendiente en la agenda de desarrollo político y construcción de una nueva democracia.
Abogado.
Ex concejal DC Maipú.
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