La Contraloría General de la República detectó el uso irregular de $31 millones de fondos públicos por parte del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, destinados a una asesoría que incluyó sesiones con contenido vinculado directamente a la campaña de reelección del gobernador Claudio Orrego, según reveló el Informe Final de Auditoría N.º 873.
El informe —de 159 páginas— establece que en 2024 el GORE Metropolitano contrató a la firma Vera y Asociados S.A. para entregar asesoría especializada en “líneas de apoyo para la gestión institucional”, que incluía 52 sesiones de coaching. Sin embargo, de las 28 sesiones con minutas disponibles, en al menos 16 se abordaron temas explícitamente relacionados con la campaña de reelección de Orrego.
La Contraloría concluyó que los contenidos de estas sesiones no correspondían al objeto del contrato, ya que “aludían explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral a gobernador regional”, y de forma específica a la candidatura de Claudio Orrego, lo que “no se aviene con la finalidad y objetivos de esa entidad”.
A raíz de estos hallazgos, el organismo iniciará un procedimiento disciplinario para determinar posibles responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Además, remitió los antecedentes al Ministerio Público para su evaluación y eventuales acciones judiciales.
Entre los registros revisados, una minuta fechada el 6 de febrero de 2024 da cuenta de una conversación sobre alianzas políticas estratégicas: “creo que un riesgo es que no haga el duelo de que si quiere ser el candidato de la centro izquierda tiene que estar abierto a hablar con el Partido Comunista”, se señala. Otra del 5 de agosto de ese mismo año hace referencia al contendiente Francisco Orrego, donde se discute cómo “darle más importancia al nombre: Claudio”, para evitar confusión con el apellido.
En respuesta, el gobernador Claudio Orrego negó cualquier uso indebido de recursos: “No ha habido ni un solo peso del Gobierno de Santiago que haya ido a parar a mi campaña a la reelección”, aseguró, anunciando que presentará un recurso de reconsideración ante Contraloría. Según Orrego, los servicios contratados formaban parte de un proceso institucional iniciado en 2021, e incluían múltiples actividades como talleres laborales, test psicolaborales y planificación estratégica.
El GORE Metropolitano respaldó esta versión, argumentando que las asesorías “forman parte de un proceso formativo institucional”, y rechazó que los fondos se hayan destinado a fines distintos a los establecidos en los contratos.
Pese a la defensa del gobernador, la investigación de Contraloría sigue su curso y ahora será el Ministerio Público quien deberá determinar iniciar una investigación para evaluar si existen delitos asociados al uso de recursos públicos para actividades electorales.
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