La Corte Suprema confirmó la sanción contra la Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú por incumplimientos en la rendición de cuentas de recursos educacionales correspondientes a 2022. El máximo tribunal ratificó una multa de 501 UTM, equivalentes a $34.840.542, tras constatar que no se acreditó la disponibilidad de $477.119.858 asociados a subvenciones destinadas a estudiantes vulnerables.
El caso se originó a partir de una fiscalización de la Superintendencia de Educación, que detectó falencias en la entrega de antecedentes para justificar los saldos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y de la subvención Pro-Retención, ambas orientadas a apoyar a alumnos pertenecientes a los tramos más vulnerables del sistema escolar.
La corporación municipal recurrió a la Corte de Apelaciones para rebajar la sanción, argumentando que había cumplido con la obligación de rendir cuentas y que las observaciones respondían a inconsistencias administrativas derivadas de cambios en la numeración de cuentas bancarias, sin beneficio económico alguno. Sin embargo, ese reclamo fue rechazado y la Corte Suprema terminó por confirmar la decisión.
En su fallo, el tribunal fue categórico: “El sostenedor no entregó la información solicitada por la Superintendencia de Educación, referente a acreditar la total disponibilidad de los saldos de subvenciones y/o aportes del Estado percibidos durante el año 2022, en la forma y plazos instruidos”.
La resolución agrega que “de la revisión de los antecedentes, es claro que la reclamante no acompañó los certificados válidos para acreditar los saldos bancarios requeridos”, configurándose así la infracción prevista por la ley. Con ello, la Corte concluyó que la multa aplicada no resulta desproporcionada y se ajusta al marco legal vigente.
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