El conflicto por el despido de más de 200 trabajadores a honorarios en la Municipalidad de Maipú —incluida la desvinculación del dirigente sindical Darío Díaz con más de 20 años de trayectoria— llegó este martes a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que el diputado por el distrito 8 y exalcalde de Maipú, Alberto Undurraga (DC) pidiera la palabra para instalar formalmente el tema en el debate legislativo.
Durante la sesión, Undurraga sostuvo que la situación de los trabajadores a honorarios en los municipios es uno de los principales focos de precariedad laboral en el sector público, y que el marco legal actual los deja “en el peor de los mundos”, sin estabilidad ni protección efectiva.
“La gente a contrata y planta tiene cierta protección; la gente a honorarios no tiene ninguna”, afirmó.
El parlamentario explicó que, aunque el Congreso aprobó en su momento una ley de plantas para regularizar esta situación, esta terminó siendo utilizada para mejorar las condiciones de las plantas existentes, sin resolver el problema estructural de los honorarios en los municipios.
“Este Congreso aprobó una ley de planta justamente para resolver ese problema, pero finalmente no fue ocupada para eso, sino para mejorar la situación de las plantas existentes (…) y no para resolver el problema de los honorarios”.
Undurraga sostuvo que año a año los municipios realizan ajustes presupuestarios que terminan impactando directamente en este grupo de trabajadores, quienes quedan expuestos a despidos sin indemnización ni protección, lo que muchas veces deriva en judicialización costosa tanto para los funcionarios como para los propios municipios.
“Están en el peor de los mundos: no tienen protección y muchas veces judicializan, lo que termina significando pérdidas importantes para los municipios o trabajadores que quedan sin nada”.
El caso Maipú
Si bien recalcó que la precariedad es un problema transversal en el país, el diputado fue enfático en señalar que en Maipú se cruzó un límite adicional al desvincular a un dirigente sindical.
“En el caso de Maipú se dio un paso más allá, desvinculando a alguien que es dirigente de los trabajadores. Y esto no es correcto desde la perspectiva del derecho de asociación”.
Undurraga informó que presentó un proyecto de ley para que los dirigentes de asociaciones de funcionarios a honorarios cuenten con el mismo fuero que hoy tienen otros dirigentes del sector público.
“He presentado un proyecto de ley para que los trabajadores electos en las asociaciones de funcionarios honorarios tengan el mismo fuero que tienen el resto de los dirigentes sindicales. Hoy eso no es ley, y por eso se producen estas situaciones”.
Agregó que solicitó formalmente al municipio revertir la desvinculación del dirigente afectado y que se encuentran a la espera de una respuesta.
“Nosotros hemos solicitado al municipio que revierta esa decisión. Estamos a la espera de una respuesta definitiva”.
Respaldo de ANEF en el Congreso: “Llamamos al alcalde Tomás Vodanovic a que recapacite”
La sesión estuvo acompañada por dirigentes de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), quienes llegaron al Congreso en el marco de la marcha convocada junto a la CUT por la tramitación de la ley de reajuste del sector público y para visibilizar el caso Maipú.
La vicepresidenta nacional de la ANEF, Ivonne Rozas, señaló:
“Nos encontramos en el Congreso defendiendo lo que significa ser dirigente sindical. Lo que está ocurriendo en Maipú, yo creo que todos lo conocen: doscientas familias están en la calle, pero lo que es peor, un dirigente sindical, que es una autoridad, y se tiene que respetar”.
Por su parte, el presidente de la ANEF, José Pérez Debelli, emplazó directamente al alcalde de Maipú:
“Llamamos al alcalde Tomás Vodanovic a que recapacite, que revise la decisión, porque cuando se despide a un dirigente sindical se afecta directamente a todos los trabajadores. Esto es una práctica antisindical e irregular”.
Agregó que esperan que el municipio revierta la desvinculación y restituya al dirigente afectado:
“No puede haber venganza ni despido arbitrario, menos en un municipio donde creemos que hay diálogo social. Esperamos que Darío pueda volver a su trabajo, que se lo merece”.
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