Una investigación realizada por el Centro de Investigación Periodística CIPER, conjuntamente con el Centro de Investigación y Proyectos Periodísticos de la Universidad Diego Portales, en lugares de la Región Metropolitana que los investigadores describen como “Zonas Ocupadas”. Por el control en ellas del crimen organizado y el alto tráfico de drogas, donde los habitantes de dichos lugares se encuentran marginados de la atención del Estado y sus entornos no cuentan con el equipamiento urbano adecuado, viviendo expuestos a la violencia.
Han sido estudios consecutivos los que realizaron los organismos señalados, cuyos primeros datos fueron obtenidos de investigaciones realizadas primero el año 2009, luego el año 2012 y recientemente una actualización entre los años 2020 y 2021.
Desigualdad, hacinamiento, narcotráfico y violencia en todas sus manifestaciones, son los componentes que se manifiestan en este reportaje sobre territorios, en los que resulta complejo internarse a una realidad en la que conviven un poco más de un millón de habitantes de la Región Metropolitana.
Resulta dramático algunas apreciaciones que investigadores de este trabajo concluyen, en términos que muchos de los residentes de estas zonas de riesgo de alguna manera han ido normalizando esta situación, como son las constantes balaceras, el comercio y consumo de drogas, la presencia de sujetos armados que vigilan estos negocios ilícitos y una nula respuesta de la policía.
El estudio identifica las zonas de riesgo, teniendo como referencia criterios vinculados a concentración de delitos ligados a las drogas según el Ministerio Público, también se ha tomado en cuenta la opinión de empresas que prestan servicios básicos, tales como agua potable y electricidad, correo, aplicaciones de delivery, ambulancias de urgencia, el equipamiento urbano existente en la zona que y además el que se encuentra a más de un kilómetro de distancia: colegios, centros de salud, supermercados, transporte, policía, bomberos y farmacias.
Los puntos críticos en Maipú:
Cumpliendo con una o más de estas características en la Comuna de Maipú, el estudio constata como zonas de riesgo la Villa San Luis, Barrio Esquina Blanca, Villa Santa Carolina, Villa El Abrazo, Villa esperanza I y II, Villa Grecia y Villa Matucana.
El único servicio que está disponible en todas las “zonas ocupadas”, a menos de un kilómetro de distancia, son los centros educativos. En este caso el problema no es el acceso, sino la calidad y la infraestructura de los establecimientos, especialmente los municipales.
Advertir sobre esta cruda realidad, no debe representar una estigmatización de estos sectores violentados. Allí viven seres humanos, buena parte de esa gente busca en el trabajo una forma de mejorar su vida, pero se encuentran aprisionados por ambientes hostiles.
Según explica en el reportaje Lucía Dammert, especialista en temas de seguridad y planificación urbana, profesora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago y miembro del directorio de Espacio Público, a lo menos habría cinco factores presentes en las zonas conflictivas, y ellos son: el acceso y consumo de alcohol y drogas, problemas de salud mental no tratados, exposición a violencia intrafamiliar desde temprana edad, deserción escolar y desempleo. La académica agrega que: “Esa serie de condiciones es la que lleva a la gente a tomar carreras criminales. Y eso no lo soluciona una comisaría.”
El investigador y académico de la Universidad Católica, Juan Pablo Luna, profundiza algo más en esta solución y añade que: “No es ocupar policialmente el territorio y retirarte, o construir infraestructura urbana y retirarte, sino como Estado ocupar en serio el territorio. Y ese es un trabajo mucho más largo, un esfuerzo sostenido de recuperación y reconstrucción de confianza y legitimidad.”
