
El concejal de Maipú abordó temas de contingencia nacional y comunal, entre ellos la seguridad pública, el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la fiscalización municipal y los funcionarios que mantienen un doble cargo en el Estado.
El concejal de Maipú Juan Carlos Prado (UDI) participó el viernes 9 de octubre en una nueva edición de La Otra Cara de Maipú, transmitida por Diario La Batalla y Radio Viva 106.7 FM.
Durante la entrevista abordó distintas materias de contingencia nacional y comunal, entre ellas el presupuesto destinado a la tenencia responsable de mascotas, la reforma de seguridad, el incendio del Teatro Municipal y la fiscalización de los recursos municipales.
Prado, contador auditor y vecino de Maipú desde 1989, también explicó las razones de su militancia en la Unión Demócrata Independiente y abordó algunas diferencias que mantiene con decisiones del Gobierno.
Críticas al recorte presupuestario de la Ley Cholito
Uno de los primeros temas fue la disminución de recursos contemplada para los programas de tenencia responsable de mascotas, en el marco de la denominada Ley Cholito.
Pese a militar en un partido oficialista, Prado manifestó su desacuerdo con la reducción presupuestaria del 86%, argumentando que podría perjudicar especialmente a las familias de menores recursos y a los municipios rurales que desarrollan operativos veterinarios.
“Soy partidario en que todos los programas tienen que revisarse, tienen que evaluarse, tienen que ver si funcionan, si no, y si no funcionan, en el caso que no funcionaran, tienen que reestructurarse, pero por ningún motivo que haya una disminución tan fuerte como es este caso, que es un 86 por ciento”.
En el caso de Maipú, mencionó las dificultades que, según indicó, enfrentan los vecinos para conseguir atención veterinaria municipal.
Reforma de seguridad y participación de militares
Respecto de la reforma constitucional de seguridad, Prado valoró que el Senado estuviera trabajando en una alternativa a la propuesta original del Ejecutivo.
El concejal consideró que endurecer la persecución del delito debe ser compatible con el respeto de las libertades individuales y manifestó reparos frente a la posibilidad de establecer restricciones demasiado amplias.
Consultado sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas, se mostró favorable a que los militares colaboren con las policías frente al narcotráfico y el crimen organizado, aunque advirtió sobre los riesgos de utilizar armamento de guerra en sectores habitados.
“Yo soy partidario y también lo solicito muchas veces que estén los militares en las calles protegiéndonos del narcotráfico y del crimen organizado. Pero también hay que ser bien consciente en a qué vamos a tirar o dejar a los militares en la calle, qué les vamos a hacer. ¿Van a ir con sus fusiles de guerra? ¿Van a ir con plumeros, con pancartas? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? ¿Van a ir con lanza agua? ¿Por qué digo esto? Porque el militar está entrenado para ir a la guerra”.
Instituto Nacional de Derechos Humanos
Otro tema de la entrevista fue la propuesta de parlamentarios de la UDI de utilizar recursos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para financiar un programa de entrega de computadores a estudiantes.
Prado cuestionó el funcionamiento del organismo y sostuvo que, a su juicio, existe una orientación política en su actuación.
“Yo no he visto al INDH defendiendo, por ejemplo, a las familias maipucinas que han sufrido asalto en sus casas. Yo no he visto al INDH, por ejemplo, defendiendo a la gente que recibe portonazo”.
Sin embargo, al preguntársele si sus reparos apuntaban a la existencia del instituto o a su diseño, aclaró que no necesariamente cuestionaba su continuidad.
“Por lo tanto, el diseño debiera modificarse, y si el diseño no es viable modificarse, llanamente debiera eliminarse”, afirmó.
En cuanto a la entrega de computadores a estudiantes, sostuvo que el programa debería revisarse antes de adoptar una decisión sobre su continuidad.
Incendio del Teatro Municipal de Maipú
En el bloque dedicado a la contingencia comunal, Prado abordó el incendio que afectó al Teatro Municipal de Maipú el miércoles 7 de octubre.
El concejal relató que acudió al lugar junto a su equipo después de conocer la emergencia y manifestó su preocupación por las condiciones de seguridad de los trabajos que, según su relato, se desarrollaban en el inmueble.
Prado señaló que había dos empresas realizando trabajos distintos en el recinto y consideró necesario esperar los informes correspondientes para determinar eventuales responsabilidades.
También planteó dudas sobre la disponibilidad de extintores y la existencia de un plan de contingencia para enfrentar una emergencia de esa naturaleza.
“De forma preliminar la empresa no contaba con extintores. Y yo también vi cómo desde el municipio iban con extintores para poder apoyar, y bueno, ya Bomberos estaba trabajando en el lugar”.
El concejal señaló que había dos empresas realizando trabajos distintos en el inmueble y consideró necesario esperar los informes de los organismos correspondientes para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades.
“Sí me preocupa, y yo espero que las investigaciones puedan arrojar la responsabilidad de la empresa. Acá habían dos empresas trabajando, dos situaciones distintas que estaban haciendo trabajos distintos. Entonces, la empresa que estaba trabajando quizás con estos implementos que estaban arrojando chispas debieran haberse hecho cargo, o entiendo yo, en toda obra debe haber un plan de contingencia, con un prevencionista, y que estén los implementos necesarios para poder tener y aplacar cualquier emergencia que ocurra”.
Asimismo, indicó que había solicitado información sobre la vigencia de los seguros del inmueble municipal y de las empresas involucradas.
“Hasta donde yo entiendo, toda infraestructura municipal debe tener un seguro. En este momento desconozco, hemos pedido la información y todavía no nos llega la información si es que estaban vigentes los seguros municipales, y también la empresa debiera tener seguros”.
Multas por transparencia y fiscalización municipal
Prado también fue consultado por las multas al alcalde Vodanovic por incumplimientos de obligaciones de transparencia, dadas a conocer por La Batalla.
El concejal valoró la actuación del Consejo para la Transparencia y sostuvo que las autoridades y organismos públicos deben cumplir las exigencias legales de entrega y publicación de información.
“Yo lo veo con bastante buenos ojos en el sentido de que las instituciones están funcionando, y eso hay que agradecer que las instituciones de nuestro país funcionen. Si el Consejo para la Transparencia estimó que estas multas son cobrables, y a pesar de la apelación que hicieron el alcalde y también la directora, hoy directora de Compras, en ese tiempo era secretaria general de la CODEDUC, si ellos determinaron también que, a pesar de esta apelación, aun así tenían que pagar estas multas, deben hacerlo”.
Además, explicó que ha solicitado antecedentes mediante los mecanismos de transparencia disponibles para cualquier ciudadano y relató el caso de una vecina que, según indicó, recibió información fuera del plazo correspondiente.
Dietas de concejales y funcionarios con doble cargo
Otro de los temas abordados fue una publicación del medio Cambalache sobre el trabajo de los concejales de Maipú y los recursos destinados a sus dietas y asesorías.
Prado reconoció que la publicación le había afectado personalmente, aunque también sostuvo que contenía observaciones que consideraba atendibles.
“Me golpeó un poco en el ego que uno puede tener, porque no dice nada que sea falso”, afirmó.
El concejal planteó que las dietas no deberían ser fijadas mediante votación de los propios integrantes del Concejo Municipal y propuso distinguir entre quienes se dedican exclusivamente al cargo y quienes mantienen otros trabajos.
Según su planteamiento, los concejales que trabajan en el sector privado podrían recibir una dieta menor, mientras que quienes desempeñan el cargo a tiempo completo deberían conservar la dieta íntegra.
Fue más categórico respecto de quienes mantienen simultáneamente otro empleo público.
“Quien esté en cargos públicos o esté trabajando en el Congreso o esté trabajando en otras municipalidades, que tenga un doble contrato con el Estado, no debiera recibir dieta de concejal”, sostuvo.

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