El 2014, el proyecto de una curtiembre en Maipú inició su tramitación en el servicio de evaluación ambiental.
¿Qué relevancia tenía eso?
Que había antecedentes para temer que arrastrara una fetidez que resultaba insoportable para los habitantes de San Joaquín, por ejemplo.
En el 2018, el proyecto de la ampliación a terceras pistas de la Autopista del Sol inició su tramitación en el servicio de evaluación ambiental.
¿Qué relevancia tiene esto?
Que el vecindario tiene seguramente interés en las medidas de mitigación del ruido, por ejemplo.
Ni en el 2014, ni en el 2018, la Municipalidad de Maipú informó acerca del ingreso de los proyectos al sistema de evaluación ambiental.
Es cierto que no tenía ni tiene el deber jurídico de hacerlo (ojo las y los legisladores).
Pero la ciudadanía debería estar enterada e incluso alerta, con respecto a este tema.
En primer lugar, por una razón práctica:
Porque cuando los proyectos ingresan al sistema de evaluación ambiental, bajo una modalidad que se llama «Declaración de Impacto Ambiental», como la curtiembre y la ampliación a terceras pistas de la Autopista del Sol, no es obligatorio para la autoridad ambiental abrir una etapa de participación ciudadana, en la que la comunidad pueda formular observaciones.
Sin embargo, EXISTE LA POSIBILIDAD de que la autoridad ambiental DECIDA realizarla, SI ES QUE dos organizaciones sociales con personalidad jurídica o diez personas directamente afectadas SE LO SOLICITAN, dentro de un plazo muy breve.
Pregunta: ¿Cómo se lo van a solicitar, si no están enteradas?
La información sobre los proyectos con impacto ambiental es pública. Es decir, en teoría, se supone que todo el mundo está enterado.
Sin embargo, hay contadas personas que revisan periódicamente los antecedentes.
Por otra parte, la Municipalidad de Maipú tiene un staff de profesionales que conocen dichos antecedentes.
Eso por un lado.
Y por otro, destina enormes recursos a comunicaciones.
En realidad, poco le costaría difundir mediante sus plataformas y redes sociales:
«Este mes han ingresado tales proyectos al sistema de evaluación ambiental. Dos organizaciones sociales con personalidad jurídica pueden pedirle a la autoridad que abra una etapa de participación ciudadana…», qué se yo.
La Municipalidad es un organismo público.
Esto nos permite, desde luego, cuestionar su política comunicacional, si es que existe.
Y plantear que, aunque jurídicamente no se le puede exigir que informe a la comunidad sobre los proyectos con impacto ambiental que pretenden localizarse en la comuna, políticamente hay que exigirlo.
Porque, bajo la lógica de la ciudadanía, se pueden evaluar sus acciones según si favorecen o no la participación ciudadana y el derecho a la información, por ejemplo, tratándonos a todas y a todos de acuerdo con nuestra dignidad de ciudadanos.
Ayer, la curtiembre; hoy, la ampliación a terceras pistas de la Autopista del Sol… La Municipalidad de Maipú debería informar profusamente, mediante sus plataformas y redes sociales (en las que publica profusamente), sobre los proyectos con impacto ambiental que se pretenden localizar en la comuna.
[Fotografía de contexto: Etienne Girardet, en Unsplash].
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