Primero a través de redes sociales y luego mediante un comunicado de prensa, el concejal de Maipú, Juan Carlos Prado (UDI), anunció una presentación realizada el viernes 6 de febrero ante la Contraloría General de la República, con el objeto de que se pronuncie sobre eventuales irregularidades en el uso de millonarios recursos públicos bajo la modalidad excepcional de trato directo para el pago de honorarios sin consentimiento del Concejo Municipal.
Estos pagos habrían sido realizados tanto por la Municipalidad de Maipú como por la Corporación Municipal de Servicios –CODEDUC–, entidad que administraba la educación municipal y cuyo directorio era presidido por el alcalde Tomás Vodanovic.
Consultado el concejal Prado, aclaró que esta acción sería independiente de la querella vigente que presentó en agosto de 2025 contra el alcalde Tomás Vodanovic por presunta malversación de caudales públicos.
Para dar a conocer la nueva presentación ante la Contraloría, el concejal Prado y su equipo entregaron el siguiente comunicado:
Como concejal de Maipú solicité a Contraloría investigar millonarios pagos en asesorías jurídicas externas por caso Cathy Barriga
Santiago, 6 de febrero de 2026. En el marco de mis facultades fiscalizadoras, he ingresado formalmente una solicitud de pronunciamiento ante la Contralora General de la República, Dorothy Pérez Gutiérrez. La acción busca determinar la legalidad y pertinencia de una serie de contrataciones por trato directo para servicios jurídicos especializados realizados por la Municipalidad y la CODEDUC.
Los puntos clave de la denuncia incluyen:
• Evasión del Concejo Municipal: Se denuncia que, desde el año 2021 a la fecha, se han efectuado diversos tratos directos cuyos montos no han sido sometidos a la aprobación del Honorable Concejo Municipal, pese a lo establecido en la normativa.
• Montos bajo la lupa: La presentación detalla una serie de órdenes de compra entre 2021 y 2025. Solo en la Municipalidad de Maipú se registran pagos que ascienden a cientos de Unidades de Fomento (UF) y un pago específico de $5.000.000 por honorarios asociados a la querella en la causa RUC 2410042955-8.
• Duplicidad de funciones: El requerimiento enfatiza que, si bien existe la obligatoriedad de denunciar, la representación judicial de los fondos fiscales en este caso ya es ejercida por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), parte querellante desde antes de la formalización de enero de 2025.
• Afectación a los vecinos: Se cuestiona el uso de elevados recursos municipales en abogados externos, dinero que podría haberse orientado a cubrir las “innumerables necesidades de nuestra comunidad”.
Atte.
Juan Carlos Prado
Concejal UDI Maipú
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