


Por Pedro Lazo Fuentes
Secretario de la Organización Ambientalista y Defensa Quebrada de la Plata
Un día como hoy, 18 de noviembre, pero de 2012, un grupo de vecinos de Maipú decidió que ya no podía seguir mirando hacia el lado. Las reiteradas tronaduras, el avance de la actividad minera y la indiferencia de las autoridades, pero también de buena parte de la comunidad, nos llevaron a organizarnos y actuar. Ese día, en representación del entonces Movimiento de Defensa de la Quebrada de la Plata, presentamos ante la recién creada Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) una denuncia contra la explotación minera clandestina que operaba en el sector de Cerro El Roble, dentro de terrenos pertenecientes a la Universidad de Chile. También acudimos a la entonces Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (BIDEMA) de la PDI para solicitar que se investigaran los hechos.


No teníamos grandes recursos, equipos jurídicos ni respaldo institucional. Éramos vecinos preocupados por nuestro territorio. Pero teníamos algo que terminó siendo decisivo, la convicción de que una de las últimas áreas de preservación ecológica de la Región Metropolitana no podía desaparecer bajo las retroexcavadoras sin que alguien hiciera algo.
Catorce años después, la Quebrada de la Plata se ha convertido en Monumento Natural y en un hito para el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Recordar cómo llegamos hasta aquí no es un ejercicio de nostalgia ni una reivindicación individual. Es reconocer que la protección de este territorio fue, ante todo, una conquista ciudadana, aunque la lucha no terminaba aquí.
Cuando la denuncia se convirtió en evidencia
Lo que denunciamos en 2012 no era una percepción ni una exageración ambientalista. Los antecedentes que posteriormente reunió el propio Estado confirmaron la gravedad de los hechos.
El Memorándum D.S.C. N.º 198/2014, de la Superintendencia del Medio Ambiente, de fecha 17 de julio de 2014, dejó constancia de que la faena minera operaba en un Área de Preservación Ecológica, conforme al artículo 8.3.3.1 del Plan Regulador Metropolitano de Santiago, y dentro del Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad El Roble. La explotación se desarrollaba sin Resolución de Calificación Ambiental, sin patente municipal y, posteriormente, sin autorización vigente de Sernageomin.
A ello se sumaba la intervención de 2,78 hectáreas de bosque nativo en la Estación Experimental Germán Greve de la Universidad de Chile, situación que derivó en una multa del Segundo Juzgado de Policía Local de Maipú, en marzo de 2013, a partir de una denuncia de CONAF.


Nuestra denuncia no fue un hecho aislado. Se sumaron las presentaciones de la Municipalidad de Maipú, en marzo de 2013 y febrero de 2014, la del decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, en abril de 2013, y otras actuaciones institucionales durante 2014.
La justicia también intervino. En julio de 2013, la Corte de Apelaciones de Santiago, y en enero de 2014, la Corte Suprema, ordenaron detener las faenas. Sin embargo, en febrero de 2014 Carabineros constató que la actividad minera continuaba.
Esa imagen resume buena parte de la gravedad de lo ocurrido, mientras existían órdenes judiciales para detener la explotación, la maquinaria seguía avanzando y los cerros continuaban perdiendo suelo, vegetación y cauces naturales.
La Superintendencia del Medio Ambiente formuló cargos en el procedimiento sancionatorio Rol D-012-2014, calificando la infracción como gravísima. Posteriormente, la autoridad solicitó la clausura temporal total de la Mina Panales 1/54, ante la necesidad de evitar la continuidad del daño. En 2015 llegó la clausura definitiva, aprobada por el Tribunal Ambiental de Santiago, junto con el desalojo de la faena.
La historia tampoco terminó con el cierre de la mina. A comienzos de 2017, el Segundo Tribunal Ambiental acogió por unanimidad las demandas de reparación presentadas por la Municipalidad de Maipú y el Estado, dando por acreditado el daño ambiental provocado al suelo, la flora, los cauces y el paisaje. La sentencia ordenó medidas concretas para recuperar los suelos afectados, reforestar y restituir los cauces intervenidos.
Sin embargo, esa sentencia terminó quedando, literalmente, en el papel. Pese a existir una resolución judicial que reconocía el daño y establecía obligaciones de reparación, ni la Municipalidad de Maipú ni el Consejo de Defensa del Estado (CDE) lograron garantizar su cumplimiento efectivo. La situación llegó a un punto crítico en 2023, cuando la División Jurídica del CDE dio por cerradas las gestiones de ejecución, argumentando la falta de patrimonio de la entidad jurídica perseguida para responder por las obligaciones establecidas. De esta manera, la reparación ordenada judicialmente quedó sin materializarse, dejando una profunda interrogante sobre la efectividad de la justicia ambiental, ¿de qué sirve que los tribunales reconozcan el daño y ordenen repararlo si, finalmente, esas decisiones no se traducen en la recuperación del territorio?
La denuncia ciudadana había contribuido a visibilizar un problema que terminó siendo reconocido por las propias instituciones del Estado. Pero, sobre todo, había permitido detener una explotación que amenazaba seriamente la integridad ecológica de la Quebrada, siendo un golpe a la catedra para la institucionalidad ambiental de aquel entonces.
De la resistencia ciudadana a la protección del territorio
La destrucción ambiental provocada por la actividad minera tuvo una consecuencia inesperada, lo que despertó a una comunidad que comprendió que no bastaba con lamentar la pérdida del patrimonio natural. Había que organizarse para defenderlo.
La movilización de vecinos, la participación de la Universidad de Chile y las actuaciones municipales fueron construyendo las condiciones para avanzar hacia una protección territorial más sólida. Ese proceso contribuyó a la declaración de la Quebrada de la Plata como Santuario de la Naturaleza mediante el Decreto Supremo N.º 44 del Ministerio del Medio Ambiente.
Diez años después, el 27 de febrero de 2026, la Resolución Exenta N.º 1.011 avanzó en su homologación como Monumento Natural. El 4 de marzo de ese año se realizó su inauguración como la primera área en integrarse al nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas, creado por la Ley N.º 21.600.


Hoy hablamos de 1.110,7 hectáreas protegidas en el primer cordón de la Cordillera de la Costa, en un territorio de enorme valor ecológico y científico. Las investigaciones de la Universidad de Chile, incluso mediante cámaras trampa, han permitido registrar especies emblemáticas como el puma y el gato colocolo.
Pero detrás de cada decreto, resolución y reconocimiento institucional hay una historia que no siempre aparece en los documentos oficiales, reuniones, oficios, denuncias, jornadas de reforestación, vecinos recorriendo los cerros para registrar el daño y personas que mantuvieron viva esta causa cuando dejó de ocupar titulares.
La protección de la Quebrada de la Plata no fue un regalo. Fue el resultado de una comunidad que decidió involucrarse y no abandonar su territorio.
La protección no puede quedarse en el papel
Sería un error interpretar este aniversario como el cierre de una historia. Convertirse en Monumento Natural representa un avance extraordinario, pero también abre una nueva etapa de responsabilidades. Hoy la pregunta ya no es solamente cómo logramos detener la destrucción, sino cómo garantizamos que no vuelva a ocurrir.
Hay, al menos, tres asuntos que requieren atención urgente.


El primero es la amenaza de nuevas intervenciones territoriales. Entre ellas destaca el proyecto de la autopista Orbital Norponiente, cuyo trazado preliminar, según antecedentes difundidos por la prensa local, se aproxima a los límites orientales del Monumento Natural. Un estudio encargado por la propia Dirección de Vialidad a investigadores de la Universidad de Chile ha advertido sobre las deficiencias de las evaluaciones actuales para abordar adecuadamente la fragmentación de hábitats y la pérdida de conectividad ecológica.
No podemos evaluar una infraestructura de esta magnitud considerando únicamente distancias o límites administrativos. Una carretera cercana a un área protegida puede generar impactos que van mucho más allá de su huella física, la fragmentación de corredores biológicos, ruido, atropellos de fauna, presión sobre los ecosistemas y aumento del riesgo de incendios.
A esto se suma la preocupación por un proyecto fotovoltaico proyectado a unos 400 metros del área protegida. El desarrollo energético y la infraestructura son necesarios para el país, pero no pueden avanzar ignorando la biodiversidad, la planificación territorial y los objetivos de conservación.
El segundo desafío es la reparación del daño ambiental. La sentencia judicial estableció obligaciones concretas para recuperar los suelos, bosque nativo y los cauces afectados por la actividad minera. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué medidas se ejecutaron, cuáles siguen pendientes, qué resultados han tenido y quiénes son responsables de garantizar su cumplimiento. No basta con haber cerrado una mina si la recuperación del ecosistema queda inconclusa.
El tercer desafío es asegurar una protección efectiva. Un área protegida no se conserva solamente porque exista un decreto que la declare como tal. Necesita planificación, presupuesto, fiscalización, infraestructura, presencia territorial y participación ciudadana. El Plan de Manejo, la disponibilidad de guardaparques y la coordinación entre el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la Universidad de Chile y la comunidad organizada son fundamentales.
La Quebrada de la Plata representa una de las primeras grandes pruebas para la nueva institucionalidad de conservación del país. Su protección debe traducirse en resultados concretos y no convertirse en una declaración simbólica.
Defender lo que conseguimos
A catorce años de aquella primera denuncia, desde la Organización Ambientalista y Defensa Quebrada de la Plata planteamos tres compromisos que deben asumir las instituciones responsables.
Al Ministerio de Obras Públicas le solicitamos transparentar los estudios y evaluaciones de la autopista Orbital Norponiente, incorporando de manera rigurosa los impactos sobre la biodiversidad, la conectividad ecológica y el Monumento Natural, y descartando alternativas que comprometan sus objetivos de conservación.
Al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y a la Universidad de Chile les proponemos avanzar en un Plan de Manejo que incorpore efectivamente a la comunidad organizada, reconociendo que la participación ciudadana no puede limitarse a una formalidad administrativa.
Y a las autoridades ambientales y judiciales les exigimos transparencia respecto del cumplimiento de las medidas de reparación del daño ambiental, porque la justicia ambiental no termina con una sentencia, se concreta cuando el territorio comienza a recuperarse.
A los vecinos y vecinas de Maipú queremos dejarles una reflexión y una invitación.
En 2012 éramos un grupo pequeño de personas que decidió no aceptar que la destrucción de la Quebrada de la Plata fuera inevitable. No teníamos certeza de que ganaríamos. Tampoco sabíamos cuánto tiempo tomaría. Pero entendíamos que guardar silencio significaba aceptar la pérdida de un patrimonio que pertenece a todos.
Catorce años después, ese territorio tiene una protección que entonces parecía lejana. Sin embargo, no podemos confundir un reconocimiento legal con una garantía definitiva de conservación.
La Quebrada de la Plata no se defendió sola. La defendieron vecinos, organizaciones, académicos, instituciones y personas que comprendieron que el patrimonio natural no tiene voz propia y que, cuando está amenazado, alguien debe levantarla.
Hoy nos corresponde estar a la altura de esa historia. Porque conseguir que un territorio sea protegido es una conquista y lograr que permanezca protegido es una responsabilidad de todos.


Ingeniero Electrónico, Ingeniero Civil Industrial – Magíster en Energías Renovables – Magíster en Ingeniería Industrial.
Secretario General Organización Ambientalista y Defensa de Quebrada de la Plata.
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