Tras algún tiempo en que fue siendo público y notorio el asentamiento de viviendas precarias en el sector de Avenida Pajaritos y Camino a Melipilla, el municipio presentó una querella criminal contra todos los que «resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los delitos consumados de estafa – prescrito y sancionado en el artículo 468 en concordancia con el artículo 467, ambos del Código Penal – y asociación ilícita – ilícito tipificado en el artículo 292 y siguientes del Código Penal. Sin perjuicio de todos los otros delitos que pueda determinar cómo existentes en los hechos descritos el ente persecutor».
Los hechos concretos en los que se fundamenta la querella por parte de la Municipalidad dicen relación con el asentamiento de inmigrantes en terrenos fiscales donde han levantado, según es fácil apreciar desde hace un par de años, alrededor de una treintena de viviendas, denominadas construcciones precarias.
El municipio, según se desprende de la querella, ha realizado un catastro de estas construcciones advirtiendo que la mayor parte de los ocupantes se compone de 90% de personas inmigrantes, las que habrían llegado a este lugar tras el pago de $500.000 (quinientos mil pesos) a otras personas también extranjeras que residirían en el campamento Vicente Reyes.
Estas construcciones no cuentan con alcantarillado, agua potable ni servicios básicos y están próximas a zonas de riesgo tanto por las rutas de alto tránsito además de ubicarse en la proximidad de sectores industriales de gas y petróleo.
Los supuestos estafadores serían sujetos de origen colombiano de identidad desconocida, los que una vez cobrado el pago inicial seguirían luego cobrando regularmente un “arriendo” como pago por el uso de la vivienda.
Con esta querella ingresada con fecha 23/03/2022, en el 9º Juzgado de garantía de Santiago, se resuelve también para el alcalde Vodanovic, lo que en algún momento había planteado respecto de su empatía con el drama humano que había detrás de las familias migrantes, imponiéndose las responsabilidades legales de su cargo y calidad de funcionario público para denunciar hechos que revisten caracteres de delito, aunque los querellados en este caso son NN, y probablemente pasará todavía un buen tiempo antes de esclarecer los eventuales hechos delictuales.
