El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, organismo que reemplazó al Sename en la administración de la justicia juvenil y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, realizó por primera vez una Cuenta Pública Participativa hasta el 15 de julio con cobertura en las 16 regiones del país y además abrió una consulta ciudadana sobre su gestión.
La actividad fue encabezada por la directora nacional del Servicio, Rocío Faúndez García, y contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, además de representantes del sistema de justicia, organismos internacionales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
Según las cifras entregadas, al 30 de abril de 2026 el Servicio atendía a 6.734 jóvenes en todo el país, un 11% más que en igual período de 2025. Del total, casi el 80% cumple medidas en programas de medio libre, ejecutados por organismos acreditados.
Balance de la gestión y desafíos pendientes
Durante la Cuenta Pública se informaron avances como la implementación del Expediente Único de Ejecución (EUE) en todo el país, el crecimiento de la dotación institucional —que pasó de 19 funcionarios en diciembre de 2023 a 2.884 en abril de 2026— y la ejecución del 98,7% del presupuesto vigente durante 2025.
Sin embargo, la directora nacional enfatizó que el foco ahora está puesto en consolidar el funcionamiento del Servicio mediante cuatro líneas de trabajo.
Una de ellas es desarrollar indicadores que permitan medir resultados concretos de reinserción, como la disminución de la reincidencia y los cambios en las trayectorias de vida de los jóvenes atendidos. Para ello, el organismo trabaja en estudios junto a la Universidad Católica, la Universidad de Princeton, la Universidad de Chile, Fundación Paz Ciudadana y una evaluación de impacto financiada por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Otro de los desafíos corresponde al mejoramiento de la infraestructura de los centros privativos de libertad, tras reconocer que heredó recintos con décadas de baja inversión. Durante el período se ejecutaron 32 iniciativas de infraestructura, incluida la primera etapa del nuevo centro IP-IRC de Antofagasta, mientras que el Plan Nacional de Infraestructura contempla 160 proyectos hasta 2028.
También se busca fortalecer el Expediente Único de Ejecución como sistema de información nacional, mejorando aspectos relacionados con la calidad de los datos, la interoperabilidad entre instituciones y la generación de reportes.
Consulta ciudadana estará abierta hasta el 15 de julio
El Servicio informó además que entre el 1 y el 15 de julio cualquier persona podrá revisar el informe de gestión 2026 y enviar observaciones a través del sitio web institucional.
Esta instancia forma parte del fortalecimiento de la participación ciudadana, luego de que la primera consulta nacional realizada en 2025 recibiera 1.464 respuestas provenientes de las 16 regiones, de las cuales el 21% correspondió a adolescentes y jóvenes atendidos directamente por el Servicio. Además, se anunció la conformación del primer Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de la institución.
Durante la actividad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, señaló que «el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil ha dado pasos importantes en su proceso de consolidación, pero todavía quedan desafíos relevantes. Uno de ellos es la evaluación que deberá realizarse, a partir de enero de 2027, una vez transcurrido un año desde la implementación total de la nueva institucionalidad».
Por su parte, la directora nacional, Rocío Faúndez, sostuvo que «la reinserción social juvenil es inversión en seguridad. No son objetivos en tensión: son el mismo objetivo y responden a la misma urgencia país».
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