La exvocera cuestionó que los beneficios se aprobaran sin órdenes judiciales individuales. El Gobierno sostiene que siguió el criterio de la Corte Suprema y evalúa un proyecto para restringir estas reducciones, mientras el PC solicitará una sesión especial de la Cámara.
Camila Vallejo cuestionó al gobierno de José Antonio Kast por las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores. La exministra sostuvo que el Ejecutivo debía rechazar las solicitudes y discutirlas ante los tribunales, en lugar de aprobarlas directamente.
“¿Cómo es posible que este gobierno que se autodefinió como el gobierno de emergencia, cierto? El gobierno de la seguridad, el gobierno del ‘con mis niños no te metas’, haya decretado, sin orden de la Corte Suprema, la rebaja de condena a 56 abusadores sexuales y violadores de menores de edad”, planteó en un video publicado en Instagram.
La exvocera también cuestionó las consecuencias para las víctimas:
“¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los menores de edad que quizá en estos momentos están siendo abusados? O sea, se genera una desconfianza en el sistema tremenda”.
La controversia comenzó con una investigación de Interferencia, que contabilizó 56 decretos de reducción de condena entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación. Según el medio, las solicitudes fueron aprobadas por el Ministerio de Justicia sin recursos judiciales previos.
Qué cuestiona Vallejo y qué respondió el Gobierno
Una reforma publicada el 9 de febrero de 2022 excluyó del beneficio de reducción de condena a personas sentenciadas por determinados delitos sexuales contra menores.
La discusión se concentra en si esa prohibición puede aplicarse a hechos cometidos antes de esa fecha.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que la Corte Suprema ha resuelto reiteradamente que la exclusión no puede aplicarse a delitos anteriores a la reforma. Su cartera aseguró que los 56 casos corresponden a hechos previos y que, al cumplirse los demás requisitos, correspondía conceder las rebajas.
Vallejo rechazó que ese criterio obligara al ministerio a aprobarlas:
“Todos los casos se ven uno por uno, y por eso vale la pena siempre pelearlos”.
Reconoció que durante el gobierno de Gabriel Boric también hubo rebajas ordenadas por la Corte Suprema, pero sostuvo que el Ejecutivo primero rechazaba las peticiones y defendía esa posición judicialmente.
“Muchos de los casos se ganaron, es decir, que el Ejecutivo peleó en cortes de apelaciones y ganó”, afirmó.
Finalmente, pidió revertir las decisiones o establecer responsabilidades políticas.
El exministro de Justicia Jaime Gajardo respaldó esa explicación: señaló que su administración rechazaba las solicitudes y concedía los beneficios cuando un tribunal lo ordenaba. Su cuestionamiento apunta a que la actual gestión los apruebe directamente tomando como fundamento fallos sobre otros casos.
Gobierno evalúa una reforma y PC pedirá sesión especial
Este jueves 22 de octubre se conoció que el Gobierno evalúa presentar un proyecto de ley para restringir estas rebajas. El subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, advirtió que cualquier modificación debe respetar el principio que impide aplicar retroactivamente una ley penal más perjudicial.
Por su parte, el comité de diputados del Partido Comunista e Independientes optó por solicitar una sesión especial de la Cámara, después de anunciar inicialmente que estudiaba interpelar a Rabat.
La Defensoría de la Niñez también rechazó las rebajas y anunció que pedirá a Justicia los antecedentes que tuvo a la vista para cambiar el criterio con que resolvía estas solicitudes, además de las medidas adoptadas para proteger a las víctimas.
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