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Rebajas de Rabat también favorecieron a traficantes y a extorsionadores que decían ser del Tren de Aragua

6 noviembre, 2026 | 12:21 am por laBatalla

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Tiempo de lectura: 3 minutos

Una investigación de Interferencia identificó beneficios para condenados vinculados al tráfico de grandes cargamentos y personas a quienes antes se les había rechazado la libertad condicional. Los antecedentes se suman a las reducciones de condenas a agresores sexuales de menores que mantienen cuestionado al ministro de Justicia.

La controversia por las rebajas de condenas autorizadas por el Ministerio de Justicia no se limita a los delitos sexuales contra menores. Una investigación publicada por Interferencia este jueves 5 de noviembre identificó a 115 extranjeros condenados por delitos de drogas que también recibieron reducciones de sus penas, mediante decretos firmados por Fernando Rabat o por el entonces subsecretario Luis Silva, como ministro subrogante.

El medio examinó 150 decretos de rebaja de condenas a extranjeros, dentro de un universo de cientos de resoluciones emitidas este año. En 115 casos, los beneficiados estaban sentenciados por delitos relacionados con drogas. Según el reportaje, Justicia no se opuso a conceder la reducción en ninguno de esos casos.

Una operación con más de una tonelada de droga

Entre los beneficiados figura Jhoel Ramos Antesana, condenado a cinco años y un día por participar en una operación que transportaba 867 kilos de marihuana, 198,7 kilos de cocaína y 25,3 kilos de pasta base.

Ramos fue detenido en julio de 2021 en la comuna de Pica, mientras viajaba como acompañante en una camioneta que cumplía funciones de avanzada para el cargamento. El tribunal destacó la planificación de la operación, que utilizaba tres vehículos coordinados por radio. El 12 de mayo, Justicia redujo su condena en tres meses y fijó su término para dos días después.

Le habían negado la libertad condicional

Otro caso es el de Fredy Orlas Heredia, condenado por el traslado de 52 kilos de pasta base. Un informe de Gendarmería de 2024 lo calificó con un alto riesgo de reincidencia y no recomendó concederle una pena mixta.

En 2025, la Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Antofagasta también rechazó su solicitud por unanimidad, señalando que no había demostrado avances en su reinserción. El 1 de junio de este año, Silva firmó como ministro subrogante el decreto que acortó su condena en seis meses. La libertad condicional y la reducción de condena son beneficios distintos, pero esos antecedentes forman parte del historial que reconstruyó la investigación.

Rebajas también alcanzaron a extorsionadores que decían ser del Tren de Aragua

Las reducciones de penas también beneficiaron a tres venezolanos que intimidaban a mujeres migrantes en La Serena para exigirles dinero por ejercer el comercio sexual. Ante las víctimas se presentaban como integrantes del Tren de Aragua, aunque no fueron condenados por pertenecer a esa organización, sino por robo con intimidación y delitos vinculados a armas y municiones.

Franyorkin Aramburu Hernández recibió una reducción de nueve meses; Winder Marott Morán y Jhonder Ollarves Berbesi, de tres meses cada uno. Dos de los decretos fueron firmados por Fernando Rabat y el tercero por Luis Silva como ministro subrogante.

El criterio que conecta las rebajas

Los decretos revisados repiten una argumentación que Interferencia denomina «doctrina Rabat»: invocando fallos judiciales, sostienen que el ministerio carece de atribuciones para rechazar la reducción por la gravedad del delito o por el bien jurídico protegido.

Según la investigación, esa misma fundamentación fue utilizada para justificar las 56 rebajas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, reveladas en octubre.

Sin embargo, ambos grupos de delitos tienen una diferencia legal relevante: la reforma de 2022 excluyó del beneficio a condenados por delitos sexuales contra menores. La controversia en esos casos involucra la aplicación de esa prohibición a hechos anteriores; las condenas por drogas no quedaron incluidas en esa exclusión. Por ello, los nuevos antecedentes amplían el cuestionamiento político a la gestión de Rabat, pero no permiten concluir que todas estas rebajas sean ilegales.

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Categoría: Chile, Justicia

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