La Cámara aprobó este miércoles 4 de noviembre el pronunciamiento por 84 votos a favor, 34 en contra y 15 abstenciones. Entre los representantes de Maipú, Barraza, Gatica, Urrutia y Contreras lo respaldaron; Karlezi no votó y Romero, Bassaletti y Olavarría votaron en contra.
El acuerdo no revierte las rebajas ni modifica las condenas, no obstante, según el artículo 52 numeral 1 letra a de la Constitución, debe ser comunicado al Presidente de la República, quien tiene la obligación de responder fundadamente, mediante el ministro correspondiente, dentro de 30 días.
Qué cuestiona el acuerdo
La iniciativa fue presentada por Marcos Barraza (PC), Daniela Serrano (PC) y Ana María Gazmuri (AH).
Sus fundamentos cuestionan que el Ministerio de Justicia haya concedido las reducciones por decisión administrativa y discuten la explicación del ministro Fernando Rabat de que la jurisprudencia lo obligaba a hacerlo.
El documento sostiene que los fallos judiciales no han sido uniformes y que correspondía al ministerio defender ante los tribunales la prohibición de conceder estos beneficios.
También advierte sobre la desprotección que estas decisiones generan para las víctimas y sus familias.
Cómo votaron los representantes de Maipú
El registro oficial muestra cuatro respaldos y tres rechazos entre los ocho integrantes del Distrito 8:
| Diputado/a | Voto |
|---|---|
| Marcos Barraza | A favor |
| Gustavo Gatica | A favor |
| Tatiana Urrutia | A favor |
| Cristian Contreras | A favor |
| Agustín Romero | En contra |
| Enrique Bassaletti | En contra |
| Mario Olavarría | En contra |
| Pier Karlezi | Sin voto registrado |
El debate por la responsabilidad de Rabat
Según recogió Cooperativa, Barraza cuestionó que el ministro no hubiera agotado las herramientas legales para evitar la libertad anticipada de los agresores.
También reprochó la falta de información completa sobre los fundamentos de los decretos y el cambio de criterio de Justicia.
Desde Republicanos, acusaron a la izquierda de buscar un espectáculo político y defendieron que el ministro no ha cometido delito.
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