96 profesoras y profesores, que se organizan en torno de la Coordinadora Docente de Maipú, presentaron una demanda en contra de la Corporación de Educación -CODEDUC- de la comuna, el miércoles 28 de octubre, ante el Juzgado de Letras del Trabajo.
En términos generales, reclaman el reconocimiento de Titularidad Docente con las correspondientes horas a contrata vigentes al 31 de julio de 2014, conforme lo establecido en la Ley 20.804 de Titularidad Docente, y junto con ello todos y cada uno de los derechos inherentes a dicha calidad jurídica, inclusive la antigüedad en el cargo y bienios a contar de la fecha de inicio del primer contrato que haya tenido lugar entre el docente y en este caso la Corporación Educacional.
Titularidad
Una larga discusión y trámite respecto de un aspecto laboral por años reclamado por los docentes del país, que trabajan en el sistema municipal y que año tras año estaban sujetos a la renovación de sus contratos, sin poder acceder a la titularidad de ellos, se vio de alguna forma corregida por la ley 20.804, impulsada por el actual gobierno, tendiente a reparar tal situación, reconociendo la titularidad de los profesores a contrata, modificando para ello el artículo único de otra ley (19.648, del año 1999), dictada anteriormente para estos mismos efectos.
El texto del artículo único de la ley 20.804 es el siguiente:
«Artículo único. – Modifícase el artículo único de la ley Nº19.648, que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de tres años, en los términos que siguen:
a) Reemplázase la frase «a la fecha de esta ley» por la siguiente: «al 31 de julio de 2014».
b) Sustitúyese la palabra «tales» por la expresión «docentes de aula».
c) Agrégase la siguiente oración final: «La titularidad de las horas a contrata operará sólo respecto de aquellas contratadas en aula y sus correspondientes horas no lectivas».
Respecto de esta ley, junto con las expectativas de los profesores del sistema municipal que por años se han desempeñado en calidad de contrata, vino lo de siempre, las interpretaciones de organismos como la Contraloría y la Dirección del trabajo, además de la aplicación que han hecho los DEM, DAEM, y Corporaciones de educación que administran el sistema municipalizado, y en las que orientaron este cumplimiento legal a reconocimientos parciales, y en definitiva al establecimiento de condiciones que en opinión de los docentes no se condice con la letra y el espíritu de la ley.
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