Una red de corrupción enquistada en la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Maipú permitió durante años la venta ilegal de licencias de conducir, con una maquinaria tan aceitada como descarada.
Un reportaje de Teletrece emitido este domingo 8 de junio, reveló cómo operaban en conjunto funcionarios públicos, captadores callejeros y una «community manager», quienes formaban parte de una organización delictiva que operaba a vista y paciencia de todos.
El 9 de mayo, el fiscal regional irrumpió en las oficinas de tránsito del municipio, destapando lo que muchos ya intuían: En Maipú, el que pagaba salía con licencia para conducir, una práctica que ya era vox populi.
Esta práctica tenía detrás una compleja red criminal: en noviembre del año pasado un allanamiento, a más de 50 casas con más de 30 detenidos, permitió descubrir a un ex trabajador de la fiscalía que asesoraba una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y que la banda tenía un rubro más complejo relacionado a la venta de licencias de conducir, con un daño patrimonial estimado en mil millones de pesos.
Influencers del fraude
Entre los implicados, destaca Paula Catalán Poblete, quien a sus 23 años gestionaba desde redes sociales la venta de licencias de conducir.
Su rol como administradora digital incluía crear presentaciones en PowerPoint además de la promoción y coordinación por Instagram.
“Cliente feliz”, decía en sus conversaciones publicadas a través de redes sociales, a modo de promoción, tras cada una de sus «ventas» de licencias de conducir.
La red delictual incluía a familiares, ex compañeros de colegio y tres captadores en terreno: Fabián Castro, Kevin Molina y “Yayo”, un conocido delincuente con vínculos en el narcotráfico.
Funcionarios municipales al volante del negocio criminal
La mecánica era precisa: los compradores eran contactados, coordinados y llevados hasta la propia dirección de tránsito, donde funcionarios como Manuel Vilches (examinador práctico) y Juan Pablo Zuñiga (encargado del registro fotográfico) se encargaban del resto.
Para los ciudadanos extranjeros, el costo del paquete completo —incluyendo certificados falsos y exámenes rendidos— llegaba a los $900.000.
La red funcionaba gracias a un último eslabón clave: Ruth Necul, jefa del Departamento de Licencias con más de 30 años de servicio. Conmovidos por su enfermedad que sigue padeciendo, sus compañeros la apoyaban con rifas y actividades solidarias, sin sospechar que era quien autorizaba las horas para las licencias fraudulentas. Actualmente, cumple arresto domiciliario nocturno por razones de salud.
Mientras tanto, en Curacaví, en medio de una enorme parcela, una imponente casa en construcción con un portón de más de 2 metros de altura, piscina y cancha de futbolito llama la atención. Es propiedad de Manuel Vilches, quien con un sueldo de $1.200.000 logró financiar un estilo de vida que hoy está bajo el escrutinio del Ministerio Público.
El gigantesco negocio negro de las patentes: Botillerías, minimarket, peluquerías, ferias y licencias médicas en todo Santiago
La investigación liderada por la PDI no solo reveló la venta de licencias, sino también el ofrecimiento irregular de patentes comerciales y licencias médicas, tanto en la Municipalidad de Maipú como en casi todo Santiago.
En una grabación telefónica obtenida por los investigadores, Paula Catalán afirma con naturalidad: “Tengo en casi todas las munis de Santiago”, y detalla precios que van desde un millón novecientos mil ($1.900.000) pesos por permiso de feria hasta tres millones y medio ($3.500.000) por permisos de botillerías.
La estructura delictiva -que operaba en Maipú-, fue desmantelada el pasado mes de mayo: los imputados quedaron en prisión preventiva por su rol activo en la organización, mientras que Ruth Necul quedó con arresto domiciliario total y arraigo total debido a su delicada condición médica, pero los investigadores advierten que aún quedan aristas abiertas.
La investigación no ha terminado. De hecho, recién comienza.
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA:
En este artículo se citan procesos judiciales en curso. Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra (artículo 04 del Código Procesal Penal).
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