La diputada Viviana Delgado dio a conocer su decepción por aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de “Permisología” y señala como gran culpable por este retroceso medioambiental al Gobierno de Chile.
La normativa, respaldada por el Ejecutivo y por parlamentarios de oposición, fue aprobada ayer miércoles por la Cámara de Diputados en medio de críticas provenientes de organizaciones ambientalistas.
El proyecto apunta a reducir en hasta un 70% los tiempos de aprobación de iniciativas productivas, bajo el argumento de simplificar la carga regulatoria.
Desde sectores críticos, como la diputada Delgado, se considera que esta ley implica un verdadero desastre medioambiental que paradójicamente ha sido fuertemente respaldado por un gobierno que se autodenominó como ambientalista:
“Pocas veces hemos tenido que legislar un proyecto tan nefasto como el que estamos viendo hoy, que se esconde bajo el vil pretexto de una ‘simplificación regulatoria’, pero que en realidad representa una peligrosa amputación de las garantías que protegen a nuestras comunidades”, señaló la diputada durante su intervención en la sala.
Para Delgado, el problema no radica en los procesos regulatorios en sí, sino en la influencia de poderes económicos que ven una gran oportunidad para beneficiarse a través de esta política pública:
“El trajinado concepto de permisología, acuñado por los poderes económicos, amplificado por los medios de comunicación y asumido sin pudor por el propio Gobierno, no es ni ha sido nunca el problema. El verdadero problema nace cuando los intereses económicos atropellan a las personas, generándoles perjuicios y daños irreversibles en su calidad de vida”, afirmó.
La legisladora fue particularmente crítica con el rol del Ejectutivo en la tramitación del proyecto. En su intervención, responsabilizó directamente al Gobierno y al Presidente Gabriel Boric:
“Es decepcionante lo que ha hecho este autodenominado ‘Gobierno ecologista’. Usted es responsable, Presidente Boric, junto a la complicidad del ministro Grau, de haber impulsado esta motosierra ambiental. Serán recordados como el Gobierno que sentó los cimientos del ecocidio institucionalizado”, sentenció.
Uno de los puntos que más inquietud genera entre los detractores de la ley es la posible sustitución de evaluaciones técnicas por declaraciones juradas en ciertos procesos.
“¿Quién protegerá a los vecinos cuando estos permisos sean reemplazados por simples declaraciones juradas? Esta no es una ley para el desarrollo: es una declaración política de este Gobierno —empresas primero, personas después—. Es un traje a medida para los grandes proyectos extractivistas y contaminantes”, agregó Delgado.
En paralelo, organizaciones ambientalistas han iniciado conversaciones con parlamentarios del oficialismo para reunir las firmas necesarias con el fin de presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, buscando frenar la entrada en vigencia de la normativa.
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