El Hospital El Carmen, el principal recinto de salud pública de nuestra comuna, figura entre los cinco hospitales con más irregularidades en el uso de licencias médicas en todo el país.
La investigación nacional llevada a cabo por la Contraloría General de la República (CGR), que abarca a más de 25 mil funcionarios públicos entre 2023 y 2024, identificó a 839 funcionarios de la salud que salieron del país mientras se encontraban con licencias médicas.
El organismo dirigido por Dorothy Pérez obligó a 788 instituciones públicas a abrir sumarios, de las cuales 46 corresponden a hospitales de la red pública.
Según estos resultados, los cinco recintos de salud con mayor cantidad de funcionarios que, teniendo licencia médica, fueron detectados en viajes al extranjero, son justamente hospitales de la Región Metropolitana:
- Sótero del Río (Puente Alto)
- El Carmen (Maipú)
- San José (Independencia)
- Félix Bulnes (Cerro Navia)
- Barros Luco (San Miguel)
19 sumarios en curso por posible uso fraudulento de licencias
El caso del Hospital El Carmen es especialmente delicado: 196 funcionarios del establecimiento realizaron 279 entradas y salidas del país mientras se encontraban con licencia médica, lo que ya motivó 19 sumarios administrativos internos, informó La Tercera.
El recinto, que atiende a más de 700 mil personas de Maipú y Cerrillos, ha enfrentado cuestionamientos de vecinos y autoridades de diversos sectores, en medio de extensas listas de espera, escasez de personal médico y problemas estructurales de sus dependencias.
“El ausentismo injustificado y el posible abuso de este beneficio social es algo reprochable que debe solucionarse pronto”, advirtió el exsubsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos.
El exsubsecretario explicó que esta situación debilita la capacidad de respuesta del sistema público, justo cuando el país enfrenta más de tres millones de personas esperando atención médica.
El futuro de los funcionarios: lo decide el fiscal
El futuro laboral de los funcionarios involucrados dependerá directamente de las determinaciones del fiscal que lleva cada caso.
Según lo establecido por el Estatuto Administrativo (Ley 18.834 Articulo 130), los fiscales tienen la facultad de suspender a los trabajadores o reubicarlos temporalmente dentro de la misma institución y ciudad como medida preventiva.
Sin embargo, desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales aclararon que esta información es reservada y que los fiscales actúan con plena autonomía durante la investigación.
Además confirmaron que los procesos disciplinarios siguen en curso y que “corresponde a cada servicio instruir los procesos disciplinarios ordenados por Contraloría (…) resguardando el debido proceso”.
Se espera que las investigaciones en curso puedan estar concluidas entre agosto y septiembre.
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