Por Nolberto Salinas, abogado.
Ha concluido satisfactoriamente una etapa importante de la negociación y los acuerdos que posibilitaron suspender el desalojo de más de 30 mil personas en San Antonio, dentro de los cuales un porcentaje importantísimo correspondía a niños y adultos mayores.
Este acuerdo en ningún caso avala las tomas, más bien recrea una política que se impulsó a partir de los años 60, donde existía la llamada “promoción popular”, dándole a los vecinos protagonismo en la solución de sus propios problemas, en este caso, organizándose a través de cooperativas de vivienda, situaciones que son conocidas para la comuna de Maipú, la que se formó y se pobló en buena parte por cooperativas, por allá por los años 60 y 70. Son los vecinos los que se organizan, son los vecinos los que definen sus cuotas de participación e ingreso a las cooperativas, los que posibilitan acuerdos de compraventa en los predios donde se configurarán futuros barrios.
La norma legal está absolutamente vigente, y se requería la habilidad y liderazgo de autoridades de vivienda para conectar los alcances del artículo 137 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ley de Cooperativas. Lo que hemos hecho es simplemente tomar normas existentes, que con el tiempo fueron quedando en desuso por la transformación de la política habitacional en meros subsidios.
La crisis habitacional que hoy agobia a nuestro país no sólo obedece a factores migratorios, sino también a la falta de créditos para la adquisición de viviendas. La banca se ha ido cerrando hace varios años a las operaciones de créditos hipotecarios, que son cada vez más onerosos y difíciles, privando incluso a sectores de clase media, que no siempre califican para obtener subsidios habitacionales.
Lo que se ha logrado en San Antonio más que un pre acuerdo con los dueños de los terrenos, es la verdadera inauguración de acuerdos colaborativos entre los dueños y las familias que necesitan terrenos para poder desarrollar sus proyectos habitacionales. En lo personal, estoy muy contento de que el gobierno haya apostado por esta fórmula y haya creído en el equipo de profesionales que la venimos impulsando.
En el caso de San Antonio, el efecto inmediato es la constitución de una mesa de trabajo que definirá las condiciones de compra y venta de las cooperativas, donde el Estado es el garante de impulsar iniciativas innovadoras, pero que por sobre todas las cosas hacen que los ciudadanos sean verdaderos actores en la búsqueda de soluciones a los problemas habitacionales.
Alentar las tomas, alentar el apoderarse de cosas que son de otros, no es la política sana que requiere el país. Se agradece al ministro de vivienda, se agradece a las familias que creyeron en este modelo de cooperativas, y a los dueños de los predios que se allanaron a buscar soluciones efectivas evitando dramas sociales mayores.
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Abogado Consultor en materias de Derecho Administrativo, Derecho Urbanístico y Legislación Ambiental.
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