


La acción buscaba reubicar la parada PI1097, situada en avenida Parque Sur esquina Lago Carezza, debido a denuncias por ruidos, basura y problemas de acceso vehicular. El tribunal estimó que la presentación fue extemporánea y que la definición técnica corresponde a la autoridad sectorial.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de protección presentado por tres vecinos de Ciudad Satélite —barrio ubicado en el límite surponiente de Maipú— que solicitaban ordenar el traslado del paradero del transporte público PI1097, denominado Parque Sur / esquina Lago Carezza.
De acuerdo con los antecedentes consignados por Diario Constitucional respecto de la sentencia Rol N° 12227-2026, la acción judicial fue dirigida en contra de la Municipalidad de Maipú, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, la Seremi de Transportes Metropolitana y el Serviu Metropolitano.
En su presentación, los residentes expusieron que la parada funciona frente a sus viviendas desde 2010 y que, producto del incremento de recorridos en el sector, se han generado ruidos durante el día y la noche, acumulación de basura, pérdida de visibilidad y dificultades para ingresar o salir de sus domicilios en vehículo. Asimismo, sostuvieron que trabajos municipales realizados en marzo de 2025 acercaron aún más la señalética de detención a uno de sus accesos vehiculares, lo que a su juicio agravó los inconvenientes.
Los argumentos de los organismos y el fallo
Durante la tramitación del recurso, la Municipalidad de Maipú pidió rechazar la acción argumentando que resultaba extemporánea, dado que el paradero lleva más de quince años emplazado en ese punto. Respecto al fondo del reclamo, el municipio explicó que sí se analizaron alternativas de reubicación o supresión, pero descartó su viabilidad por problemas de seguridad vial, espacio físico, accesibilidad y el impacto negativo que tendría en la cobertura del transporte público del barrio.
Por su parte, el Ministerio de Transportes indicó que fijar la ubicación de las paradas requiere ponderar criterios técnicos, mientras que el Serviu informó que no tuvo participación en las intervenciones cuestionadas.
Al resolver el caso, la Corte de Apelaciones acogió en primer lugar la extemporaneidad planteada por el municipio, señalando que los propios vecinos reconocieron que la parada existe desde 2010, por lo que el recurso ingresó fuera del plazo legal de treinta días corridos contados desde que tomaron conocimiento del hecho.
Adicionalmente, el tribunal determinó que el traslado de un paradero excede la naturaleza cautelar del recurso de protección, ya que definir su emplazamiento exige evaluar variables técnicas como la geometría vial, la visibilidad, la accesibilidad peatonal, las distancias entre detenciones y la seguridad de los pasajeros, materias que son atribución exclusiva de la autoridad administrativa y no de los tribunales por esta vía.
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