


La Corte de Apelaciones de Santiago acogió este lunes 16 de noviembre un recurso presentado por la defensa de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, y resolvió revocar el arresto domiciliario nocturno que cumplía desde el 9 de abril de 2025.
En reemplazo de la reclusión nocturna, el tribunal de alzada fijó las medidas cautelares de:
- firma semanal en la comisaría más cercana a su domicilio
- arraigo nacional
- prohibición de acercarse o comunicarse con otros imputados de la causa
El argumento de la defensa
Tras conocerse el fallo, el abogado defensor Eduardo Camus (jefe de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Sur) destacó que la resolución valoró el comportamiento procesal de la exjefa comunal durante la investigación.
«La resolución valoró especialmente el estricto cumplimiento que doña Cathy Barriga ha dado de esta medida cautelar de arresto domiciliario nocturno desde abril del año 2025 hasta la fecha«, explicó Camus.
El defensor añadió que la Corte también ponderó que, en las dos oportunidades anteriores en que se decretó su prisión preventiva durante el proceso, Barriga se presentó de manera voluntaria ante la justicia, estimando que la firma semanal y el arraigo resultan suficientes para asegurar su comparecencia en las próximas audiencias.
El escenario previo al juicio oral
La rebaja de las medidas cautelares se produce luego de que el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago cerrara este mes la etapa de preparación del juicio oral —instancia que aún no tiene fecha fijada para su inicio— por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su administración en la Municipalidad de Maipú entre 2016 y 2021.
En la causa, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Oriente, se le imputan los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de caudales públicos y negociación incompatible, con un perjuicio estimado en más de $33 mil millones para las arcas municipales.
Por estos cargos, el Ministerio Público solicita penas que suman 23 años de cárcel, mientras que el Consejo de Defensa del Estado (CDE), en su calidad de querellante, pide 37 años de presidio efectivo.
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