Tal como había sido anticipado en terreno por La Batalla, durante la mañana de este lunes comenzó el operativo de desalojo del campamento Santa Marta, ubicado en el eje de Camino a Melipilla con avenida Los Pajaritos. A las 6:00 horas ya se encontraban desplegados equipos municipales junto a personal de Carabineros para iniciar el procedimiento administrativo de retiro y demolición de las estructuras levantadas en el lugar.
El anuncio fue realizado por el alcalde Tomás Vodanovic, quien señaló que el operativo forma parte del plan de recuperación del entorno vial y que se mantendría un plan social similar al aplicado previamente en el campamento El Trébol. Según lo informado por el municipio, se contemplan alternativas de traslado transitorio, resguardo en albergues, movilización de enseres y apoyo para el cuidado de mascotas, con el objetivo declarado de evitar situaciones de riesgo para las familias.
De acuerdo con los antecedentes municipales, el asentamiento se emplaza en un Bien Nacional de Uso Público con una superficie aproximada de 7.056 metros cuadrados y su conformación data desde 2022. El catastro más reciente cifra en 102 los hogares presentes, equivalentes a 375 personas, con 150 niños, niñas y adolescentes, siete adultos mayores y cinco personas en situación de discapacidad. Un 91% de los residentes corresponde a población extranjera (maroría venezolanos y colombianos) y un 74% mantiene situación migratoria irregular.
Respecto al mecanismo aplicado, el municipio indicó que el proceso se desarrolló por vía administrativa mediante notificaciones presenciales y asambleas informativas, además de visitas casa a casa para promover la adhesión al plan social. Al 11 de febrero, 50 de 81 hogares que calificaban para los apoyos municipales habían adherido formalmente, mientras que la totalidad de las familias podía acceder al traslado de enseres.
En paralelo, la municipalidad presentó el 21 de enero una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de presunta estafa contra una mujer sindicada como dirigenta del campamento, acusándola de cobrar dinero a familias bajo promesas de soluciones habitacionales sin respaldo legal. El procedimiento judicial se mantiene en curso.
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