Por Germán Ricardo López Córdova.
Es un lugar común utilizar las frases manidas, las que reconocería cualquier telespectador-radioescucha-lector-de-noticias, para cuando se cree que uno –ciudadano de a pie– está domesticado (o atontado, que es lo mismo), y que su entendimiento de las cosas es equivalente al de los que se ganan la vida como políticos profesionales: nulo coma cero, lo cual exige que nos tengan que explicar las cosas con bolitas, peras y manzanas, nos den en la boca abierta la comida masticada.
A las típicas expresiones de “Llegaremos hasta las últimas consecuencias”, “caiga quien caiga”, “mi compromiso desinteresado por mi pueblo” y otras que se me escapan intencionadamente, se ha agregado aquella de que cualquier transeúnte –en periodos eleccionarios– está en su “legítimo derecho de postular a un cargo”. Sin ir muy lejos, en una reciente entrevista a Hernán Calderón Ruiz, en este mismo diario, una autoridad de vuelo menor le espetó, reconoció al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Conadecus, que “tenga el legítimo derecho de postular a un cargo de elección (sic) popular”.
¿Qué se nos quiere aclarar con aquella frase teñida de espectral espíritu democrático, de que uno, hecho de carne y hueso, está en su “legítimo derecho de postular a un cargo”?: De acuerdo a mi situación de ciudadano con capacidad para elegir y ser elegido, según la Constitución Política de la República de Chile, puedo compartir algunas conjeturas:
1-. Quien sostiene aquella afirmación (tenga el legítimo derecho de postular a un cargo de elección popular) está por sobre mi condición de ciudadano y puede otorgarme aquella investidura, credencial y visa de legítimo postulante;
2-. Aquel que da la unción divina o mágica de legítimo es más legítimo que los demás, porque acaso, ¿un legítimo tiene facultades para identificar y reconocer en el otro su cualidad de legítimo?;
3-.¿El usuario del fonema legítimo sabe lo que es legítimo, a contrario sensu, también tiene conocimiento acerca de lo que es ilegítimo;
4-. ¿Un ilegítimo puede otorgar el estatus de legítimo? El sentido común dice que sería un acto, a lo menos, ilegítimo, o constitucional, que es otra manera de cacarear acerca de la legitimidad, ilegitimidad;
5-. El emisor (y usuario putativo de aquella frase) cree estar en una jerarquía que le posibilita reconocer mi derecho de postular.¿Y si no me lo reconoce?
Una sola (y legítima) consideración: la expansión de la ilegalidad en la vida pública afecta al conjunto de los partidos, a la administración pública (con “ele”), al empresariado, al sistema bancario, y al mismo tiempo, a extensas capas de la población ligadas al mundo de la política por tupidas relaciones clientelares e implicadas de distintas maneras, por connivencia o incluso solo por resignación, en la práctica de la corrupción.
Por ello, en un país desbordante de demócratas inteligentes, dotados para escudriñar entre legitimidades e intimidatorias ilegitimidades, el arbitrio punitivo de quien se hace el sueldo con los impuestos de todos se parece hasta el hartazgo a lo cual se denosta: prepotencia a gratuidad.
[Imagen gentileza de Germán López].