Entrevistas & Reportajes
En medio de un creciente cuestionamiento al sistema de ejecuciones hipotecarias en Chile, el Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento que busca frenar una práctica extendida: rematar viviendas tomando como base únicamente el monto de la deuda y no su valor comercial. La discusión, aún pendiente en el fondo, podría redefinir los límites entre el derecho del acreedor y la protección del deudor habitacional.
La opinión del abogado Nolberto Salinas
Por tratarse de una materia de interés ciudadano cuyo conocimiento podría ser de gran utilidad para los vecinos de Maipú, consultamos los alcances de este requerimiento con el abogado Nolberto Salinas, quien señaló al diario La Batalla lo siguiente:
¿Qué está realmente en juego con este requerimiento ante el Tribunal Constitucional?
No estamos frente a una discusión técnica menor. Lo que está en juego es si en Chile se seguirá permitiendo que una familia pierda su casa por una fracción de su valor real. Hoy el sistema permite algo brutal: que el banco fije como base del remate sólo el monto de la deuda, aunque la vivienda valga tres o cuatro veces más. Eso no es justicia, es despojo legalizado.
Pero el requerimiento aún no se resuelve en el fondo…
Exacto. El Tribunal Constitucional sólo lo declaró admisible, pero eso ya abre una puerta relevante. Lo que se pide es claro: que la base del remate considere el avalúo comercial del inmueble, no simplemente la deuda. Porque lo contrario transforma el proceso judicial en una máquina de pérdida patrimonial para el deudor y de ganancia asegurada para el acreedor.
¿Dónde ve usted la inconstitucionalidad?
En la afectación directa al derecho de propiedad. No puede ser que el sistema permita que te quiten una vivienda de 90 millones para pagar una deuda de 20. Eso vulnera la esencia misma del derecho de propiedad, que no sólo protege la titularidad, sino también el valor del bien. Aquí ese valor se licúa deliberadamente.
¿Esto beneficia exclusivamente a los bancos?
Sin rodeos: sí. Este mecanismo está diseñado para asegurar el pago del crédito en condiciones extremadamente favorables para el acreedor. El banco no asume prácticamente ningún riesgo, mientras el deudor pierde todo, incluso el excedente que legítimamente le pertenece. Es una asimetría que ya no resiste análisis desde el punto de vista constitucional ni ético.
Tenemos conocimiento que Usted ha impulsado esto antes desde el Congreso…
Así es. Hace años, junto a la diputada Marcela Hernando, presentamos un proyecto de ley que apuntaba precisamente a corregir esta injusticia estructural. Lo que planteamos es algo de sentido común: si hay remate, que lo haya, pero que se realice a un precio realmente comercial.
Porque aquí no se trata de impedir el pago de la deuda —eso debe cumplirse—, sino de evitar el abuso. Si una vivienda se remata a su valor real, la deuda se paga, claro está, pero además queda un saldo para el deudor o su familia. Y ese saldo puede marcar la diferencia entre la ruina total y la posibilidad de reemprender, de rehacerse, de volver a empezar.
Lo que hoy ocurre es exactamente lo contrario: se paga la deuda, pero se destruye completamente el patrimonio de la familia. Y eso no es justicia, es una forma de despojo que el sistema ha normalizado.
¿Qué responsabilidad tiene el sistema en esta situación?
Total. Aquí hay una falla estructural. Se ha construido un modelo donde el crédito hipotecario está fuertemente protegido, pero la vivienda como derecho queda completamente desguarnecida. Se habla mucho de seguridad jurídica, pero sólo para algunos. Para el deudor, lo que hay es inseguridad total.
¿Qué espera del Tribunal Constitucional?
Espero un fallo valiente. Que entienda que no se trata de impedir el cobro de deudas, sino de poner límites a prácticas abusivas. Si el Tribunal acoge este requerimiento, puede marcar un antes y un después: decirle al sistema que no todo vale cuando se trata de ejecutar una garantía hipotecaria.
¿Y si no acoge el requerimiento?
entonces se consolidará una señal muy preocupante: que en Chile se puede seguir rematando viviendas a precios irrisorios sin que eso tenga reproche constitucional. Sería, en los hechos, legitimar el abuso.
Un mensaje final…
La vivienda no puede seguir tratándose como un simple activo financiero. Detrás de cada remate hay una familia, una historia y un proyecto de vida que se derrumba. Este requerimiento es una oportunidad para corregir una injusticia evidente. Ojalá el Tribunal esté a la altura. Porque cuando el derecho se pone del lado del más fuerte, deja de ser justicia y pasa a ser privilegio.
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