Un nuevo avance registró la investigación por las presuntas irregularidades cometidas durante la administración de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, luego de que el 13° Juzgado de Garantía de Santiago condenara a cuatro exfuncionarios que integraron su equipo más cercano mediante un procedimiento abreviado.
Los condenados corresponden a Matías Silva, exsecretario de Planificación Comunal (Secpla); Ana María Cortés, exdirectora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco); Juan Carlos Quezada, exdirector de Administración y Finanzas; y Andrea Díaz, exdirectora de Secpla y exadministradora municipal.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Metropolitana Oriente, los exfuncionarios tuvieron participación en los hechos investigados por fraude al Fisco relacionados con la gestión municipal de Barriga entre los años 2016 y 2021. Tras aceptar los hechos imputados, accedieron a una salida mediante juicio abreviado.
Penas dictadas por el tribunal
El tribunal condenó a Silva, Cortés y Quezada a cuatro años y un día de presidio, mientras que Díaz recibió una pena de 800 días de presidio. Todas las sanciones serán cumplidas bajo regímenes sustitutivos en libertad, conforme a lo resuelto en la audiencia.
Se suman a condenas anteriores en la causa
Estas condenas se incorporan a otras sentencias ya obtenidas en la investigación. En abril de 2025, el caso tuvo sus primeras condenas cuando Luis Japaz, excoordinador general de la alcaldía y uno de los colaboradores más cercanos de Barriga, fue condenado a tres años y un día de presidio por fraude al Fisco, mientras que María Isabel Palma, exdirectora subrogante de Administración y Finanzas, recibió una pena de cinco años de presidio por delitos de falsificación de instrumentos públicos, ambas con cumplimiento en libertad vigilada.
La causa principal contra la exalcaldesa de Maipú continúa su curso judicial. Barriga enfrenta una acusación de la Fiscalía por delitos de fraude al Fisco, falsificación y uso de instrumento público falsificado, malversación de caudales públicos y negociación incompatible. El Ministerio Público solicita una pena que supera los 20 años de presidio, mientras que el Consejo de Defensa del Estado pidió una condena de 37 años de cárcel.
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