Por Hernán Calderón Ruíz, Constructor Civil y Presidente de CONADECUS
Un intenso debate ha surgido con la necesidad de revisar todo lo relacionado a los principales permisos exigidos para desarrollar proyectos de inversión, como por ejemplo, la gran demora en tramitar permisos medioambientales o también su instalación alrededor de monumentos nacionales o lugares declarados zonas típicas, entre otros, cuya tramitación es una verdadera pesadilla.
Sin embargo, no todo sucede en el ámbito público. Los inversionistas o ciudadanos que requieren de conexión a servicios de red básicos como agua potable y alcantarillado, electricidad, gas y, a veces incluso, internet, sufren por lo general un extensa tramitología por parte de las empresas privadas prestadoras de esos servicios. Los bancos tampoco se caracterizan hoy por ser muy ágiles que digamos.
En el caso de los servicios eléctricos, la tramitación de proyectos en la SEC, es casi siempre rápida y expedita. Sin embargo, el solicitante puede llegar a esperar meses para que la empresa distribuidora – que es privada- le entregue un presupuesto por la conexión a la red. Pero eso no acaba ahí. Posterior a la aprobación del presupuesto, generalmente, hay otro extenso periodo para la instalación de la acometida.
La solicitud de conexión al agua potable y alcantarillado, corresponde – erróneamente, según la normativa estatal – a un servicio no regulado que prestan las sanitarias, de modo que los proyectos deben ser presentados ante la empresa respectiva, encargada de revisarlos y darles su aprobación. A esto se suman, las obras necesarias para la conexión a la red, las cuales suelen tardar meses y deben ser hechas por un contratista, pero no cualquier contratista, sino uno inscrito en el registro de la misma empresa. Pero esto no es lo más arbitrario. Sino que lo más grave es la tarifa de empalme que cobra la empresa sanitaria que, al no estar regulada, es absolutamente desproporcionada en relación al verdadero costo de las obras a ejecutar, y a veces, resulta inalcanzable para muchos ciudadanos. Una práctica instalada y perpetuada hasta el día de hoy, sin que ningún gobierno, ni ningún parlamentario haya puesto fin a este escandaloso abuso.
En mi opinión, la tramitología se da, tanto en lo público como en lo privado, de modo que, burócratas e ineficientes, hay en ambos lados, e incluso, muchas veces las burocracias privadas son, aún más difíciles de superar en tramites simples.
En tanto, lo que llamamos, permisología es un modo de operar más profundo y delicado, que necesita abordarse de forma urgente. Si la regulación es excesiva o existen permisos innecesarios que pueden retrasar proyectos, entonces las inversiones importantes deben hacerse con seriedad, responsabilidad y estricto rigor técnico. Porque su revisión no puede significar disminuir los estándares de obras, de servicios, o de seguridad, ya que eso podría tener impactos no deseados y graves consecuencias a posterior.
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Hernán Calderón Ruiz, es Constructor Civil y actualmente Presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS)
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